Juan Olivares Meza

A más de tres meses de que la Corte de Valparaíso dictaminara que la toma del cerro La Virgen en San Antonio debe ser desalojada en un plazo de cuatro meses, surgieron cifras que revelan un crecimiento explosivo de esta ocupación ilegal durante el último año, justo mientras se llevaba adelante el proceso judicial que iniciaron los dueños del predio.

Según el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en la Región de Valparaíso, Rodrigo Uribe, desde fines del año 2022 hasta la fecha, el número de familias que residen en la toma ha aumentado de manera significativa, pasando de 2.881 a más de 5.600, lo que se traduce en un estimado de aproximadamente 15 mil ocupantes en la actualidad.

En el intertanto, la orden de desalojo emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en julio de este año, dio un plazo de cuatro meses para que los ocupantes abandonen la toma del cerro La Virgen y ese plazo esta próximo a cumplirse (23 de octubre).

Sin embargo, el crecimiento exponencial de la población en este asentamiento viene a poner en jaque la ejecución de la orden judicial.

De paso por la provincia de San Antonio, el director del Serviu, Rodrigo Uribe, manifestó su inquietud ante esta situación y comentó que han "estado trabajando con los distintos proyectos de catastro de campamentos que hay en la provincia de San Antonio, tenemos los recursos para ello y están en un proceso inicial, donde las situaciones particulares la estamos abordando de otra forma. Ese es el caso de San Antonio que tiene una orden de desalojo y estamos estableciendo un catastro que partiría durante el mes de diciembre y esperamos evaluar a las familias georreferencialmente, como grupo, con toda una serie de antecedentes administrativos y sociales que requerimos para ese proceso".

No hay compromiso

Un dato importante, que de hecho fue advertido la semana pasada por una fuente de Diario El Líder que ha participado de las reuniones entre el Gobierno, las familias del campamento y los dueños del terreno; es que hasta la fecha no hay ningún compromiso de compra de los terrenos sobre los que pesa la orden judicial.

De momento las negociaciones se han enfocado principalmente en la realización del catastro social de la toma, registro que recién comenzaría en el mes de diciembre y en la evaluación de los terrenos, según los antecedentes que ya fueron presentados al Serviu por los dueños del predio.

"Por un lado tenemos una mesa que ha estado funcionando en la Delegación Provincial de San Antonio, donde están las familias, la municipalidad, y el servicio con la Seremi (de Vivienda) y el Serviu. En ese sentido tenemos un diálogo permanente con las familias y también con los propietarios que ya hicieron un ingreso de los antecedentes de los terrenos, que implica solamente la evaluación, no implica necesariamente la compra, porque nosotros el compromiso que tenemos ahí es solamente evaluar y ver las características que tenga ese terreno y las aptitudes habitacionales", explicó sobre este punto el director regional del Serviu, Rodrigo Uribe,

En este escenario la secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, puntualizó que desde el Gobierno reconocen "cuál es el problema que hay porque tenemos una crisis habitacional y estamos en un Plan de Emergencia Habitacional porque estamos en una crisis. Una crisis que se aborda porque ha crecido el número de campamentos en la provincia de San Antonio que es donde más han crecido los asentamientos informales".

A medida que se acerca la fecha límite establecida por la Corte de Valparaíso para el desalojo, las autoridades locales enfrentan el desafío de encontrar una solución que resuelva de manera justa y ordenada la situación de miles de familias que actualmente habitan en el cerro La Virgen.

"Los propietarios hicieron un ingreso de los antecedentes de los terrenos, que implica la evaluación, no implica necesariamente la compra",

Rodrigo Uribe,, director regional del Serviu.