Ordenan desalojar predio de congregación religiosa tomado por "okupas"
Fallo de la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto contra la ocupación ilegal y decretó desalojar el lugar en El Quisco.
La Corte Suprema ordenó desalojar un predio de El Quisco que pertenece a la congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia, que está tomado al menos desde marzo, cuando se enteraron que un incendio había afectado a las cabañas que levantaron en el lugar para tener retiros espirituales y usarlas como complejo recreativo para los niños que sufren discapacidad intelectual que atienden en los centros del Pequeño Cottolengo en Santiago.
En un primer recurso presentado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los religiosos denunciaron que los "okupas solo saldrán de la propiedad con una orden judicial" y que "las cabañas del inmueble se encuentran en un estado insalubre, destruidas y habitadas por personas que consumen drogas y alcohol, mantienen frecuentemente riñas y peleas, generan miedo en los vecinos".
Este escrito fue rechazado en agosto, cuando la corte porteña argumentó que no era necesario el desalojo y que "el ordenamiento jurídico vigente contempla acciones y procedimientos especiales para la resolución de la controversia".
Molestos con la decisión, intentaron nuevamente, pero ante la Corte Suprema, que ahora sí les dio la razón.
El máximo tribunal concluyó que se trata de una "ocupación irregular" y que los ocupantes "no solo se encuentran desprovistos de un título jurídico que les sirva de justificación, sino que, además, (la ocupación) fue realizada sin el consentimiento de su dueño".
"Es posible dejar asentado que el inmueble denominado Centro de Retiro y de Veraneo, Levante Sitio 3 de la comuna de El Quisco se encuentra debidamente inscrito a nombre de la parte recurrente (congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia), bien raíz que, en la actualidad, permanece ocupado y destruido", dice el veredicto.
El fallo le da a la congregación dos meses de plazo para recuperar la propiedad a través de un desalojo que tenga "respeto irrestricto de la dignidad e integridad de las personas a quienes atañe la medida".
La Corte Suprema advirtió que "parece importante regular estrictamente las condiciones de la puesta en marcha del desalojo, teniendo especialmente en consideración la comunicación y difusión oportuna de la decisión a los afectados, el otorgamiento de un plazo razonable y suficiente para que puedan hacer abandono voluntario, además de materializar el desalojo en presencia de funcionarios gubernamentales o de representantes en su lugar, a fin de garantizar el uso razonable y proporcional de la fuerza pública en caso de ser necesario".
Además, "en caso de ser necesario el desalojo de los ocupantes, el municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento".