Dueños de terrenos de las tomas no han pedido el desalojo con la fuerza pública
La delegada Caroline Sireau explicó cómo se ha trabajado para encontrar una solución pacífica y definitiva.
Conversando se entiende la gente. Esa frase del vocabulario chileno parece resumir de mejor manera la situación que enfrenta a los pobladores del macrocampamento de Bellavista, que habitan un predio de 254 hectáreas en el sector alto de San Antonio que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó desalojar, sus dueños y la autoridad.
La delegada presidencial provincial de San Antonio, Caroline Sireau, explicó que se conformó una mesa de trabajo que permitió que todos tengan una misma interpretación de la resolución de la corte y evitar los rumores.
Sobre el bullado plazo de cien días para desalojar, detalló que la cuenta regresiva aún no corre y que "hasta el momento no ha habido ninguna acción por parte de los demandantes en torno a activar ese plazo".
MESA DE TRABAJO
"Desde que se supo de la orden de desalojo hace ya varios meses, se estuvo analizando jurídicamente la situación y luego se instaló una mesa de trabajo con el Serviu, el Minvu, el Gobierno Regional, el Municipio y los dirigentes, no solo del macrocampamento Bellavista o Centinela que son el sector afectado por el desalojo, sino que con dirigencias de otros campamentos de la comuna", indicó.
La instancia buscó "principalmente analizar la situación que está ocurriendo con esta orden de desalojo y canalizar la información de manera más apropiada, porque la verdad es que al principio había mucha información circulando y no había mucha claridad acerca de qué era lo más verídico, así que de esa manera se instaló esta mesa de trabajo, que ya ha tenido tres sesiones", informó la delegada a El Líder.
En ella "se solicitó apurar la aplicación del catastro de las familias, que es más bien una actualización porque se hizo un catastro inicial cuando se identificó el campamento, pero hace ya un par de años, entonces hay que actualizar con información real, del momento, y eso va a permitir conocer la cantidad real de familias, su composición y la realidad de cada una de ellas".
"Esa información es muy necesaria para adoptar la estrategia a seguir más adelante por parte del ministerio", puntualizó.
EXPEDIENTE
Sobre una eventual venta de los propietarios del predio al Estado, la delegada manifestó que "los dueños de este terreno han tenido algunas conversaciones con el Ministerio de Vivienda y durante el mes de octubre presentaron un expediente de venta, que es un expediente que se ingresa al ministerio para que este pueda evaluarlo y en un futuro analizar si es posible o no llegar a un acuerdo en ese sentido".
"Por lo tanto, lo que se refiere al campamento Bellavista, va a empezar un catastro en diciembre, hoy está en proceso de licitación; los dueños han presentado el expediente, y en el ámbito jurídico la verdad es que el plazo para la orden de desalojo, que era de cien días, aún no están cubiertos, porque había que hacer una orden de notificación que finalmente no se realizó, entonces no ha partido este plazo", subrayó Sireau.
Aunque la voluntad es "llegar a un acuerdo entre el ministerio y los dueños (…) todo esto tiene que ser analizado a partir de los resultados del catastro, técnicamente por parte del terreno y de la tasación", entre otros factores.
"Recordemos que es un terreno muy grande, estamos hablando de 260 hectáreas aproximadamente, así que es un trabajo que va a durar varios meses, una parte importante del próximo año se va seguir trabajando en torno al catastro", indicó la autoridad.
Añadió que "estamos frente a un campamento en que se estima que viven más de 4 mil familias, en las cuales hay muchas personas mayores, jefas de hogar con sus hijos pequeños y lo que se busca con estos procesos es llegar a una solución definitiva de vivienda, y que las familias entiendan que esa solución definitiva no necesariamente va a ser en el lugar en que están ubicados, porque si se llegara a un acuerdo con los dueños, en cualquier proceso de urbanización, de cualquier campamento, siempre requiere de un reordenamiento".
Por otra parte, "los demás campamentos que están dentro del catastro del ministerio, también van a iniciar su proceso de actualización dentro del próximo año, porque no solamente nos podemos centrar en este único campamento, sino que en la realidad de los demás".
"Largo camino"
Sobre los plazos para llegar a una solución definitiva, reconoció que es un proceso de largo aliento. "Es algo que tomará tiempo, sabemos que hay casos que demoran 15 o 20 años, pero esperamos que ese no sea el plazo, que se acorten, pero sabemos que es un largo camino que hay que recorrer con ellos", prosiguió.
Caroline Sireau también tuvo palabras para quienes celebraron la orden de desalojo. "Sé que hay mucha gente que ve el desalojo como algo positivo, pero es algo altamente complejo. No hay antecedente en la historia de nuestro país de un desalojo de estas características, incluso podríamos estar ante una situación humanitaria de gran magnitud, entonces hay que sopesar un poco las cosas".
"El catastro nos permitirá saber mejor, y si hay familias que se están aprovechando de la situación ahí lo sabremos, pero uno no puede echar a toda la gente en el mismo saco porque es mucha la diversidad de situaciones y lo importante es hacer un trabajo serio y responsable", finalizó.
254 hectáreas tiene el terreno que la Corte de Apelaciones ordenó desalojar.