Juan Olivares Meza

Ayer se realizó en el Tribunal de Garantía de San Antonio la presentación de una querella por el delito de negligencia tras la muerte de la pequeña lactante Mía Olivares, que falleció en el Hospital Claudio Vicuña por una neumonía a causa del virus sincicial mientras esperaba ser trasladada a una cama crítica.

El abogado de la familia, Epiro San Martín, detalló que la querella presentada incluye a cinco personas, "uno está directamente por homicidio en comisión culposo y otros dos por el delito de la negligencia del Artículo 491 al Código Penal, por cuanto a estas negligencias fueron de tal envergadura que tiene un ribete penal", explicó San Martín.

Antes de la presentación de la querella el abogado había explicado que "una de estas primeras negligencias fue un error en la calificación de la gravedad de la menor, de la bebita. Si hubiera sido calificada adecuadamente, se habrían adoptado de mejor manera las medidas para buscarle de inmediato una cama y un centro de atención que tratará estos casos de menores de edad. La segunda situación de negligencia es que este hospital no contaba con todos los elementos para atender a una bebé y en tercer lugar el tema que todo ustedes saben, el tema de las camas que se la quiso llevar ya tardíamente a la ciudad de Arica cuando existían otros centros".

En la presentación de la querella los padres de Mía Olivares, que no quisieron hacer declaraciones, estuvieron acompañados por los diputados Tomás Lagomarsino, Andrés Celis y Camila Flores.

"He acompañado a los padres que han interpuesto el día de hoy una querella criminal para que los responsables de este hecho paguen efectivamente por esta lamentable situación", dijo la diputada Flores.

La parlamentaria agregó que "la familia recibió apoyo, pero no del Ministerio de Salud, no de las autoridades, ni de la ministra de salud, eso ha sido absolutamente falso, no se les ha colaborado y si han obtenido alguna ayuda es de otras instituciones, de otras personas, pero no de parte del Gobierno, aquí se ha mentido descaradamente por parte de la Seremi de Salud".

De su parte el diputado Andrés Celis reclamó que "el sumario estaba concluido en el mes de agosto. Este estuvo oculto. Se podría haber perfectamente puesto a disposición de la familia. Se escondió. Y, en definitiva, la indignación, al menos de parte mía, es que en este caso el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, su director, lo que hizo fue no dar a conocer los verdaderos antecedentes por los cuales lamentablemente falleció Mía. Había una cama disponible, sí había una cama disponible, estaba en Santiago. Y eso no se hizo, por lo cual hubo una negligencia que está absolutamente acreditada".

En la misma instancia el diputado Tomás Lagomarsino afirmó que "fuera de esta querella, que es una acción legítima, hay una serie de responsabilidades administrativas y políticas que como fiscalizadores nos corresponde velar. Aquí hay que decirlo con todas sus letras, porque ha habido un actuar político y administrativo negligente, más allá de las negligencias médicas que se están investigando y se van a investigar en sede judicial. Y las negligencias administrativas tienen que ver en primer lugar con no haber hecho lo que al Estado le correspondía en cuanto a los procedimientos para derivar una paciente que lo requiere al establecimiento donde estaba disponible una cama".

Dolor

Desde su llegada a los tribunales los padres de Mía, Nicole García y Nicolas Olivares, reflejaban en sus rostros el dolor insoportable que arrastran desde aquel fatídico 6 de junio cuando su pequeña falleció en circunstancias que remecieron a todo un país.

Poleras con la fotografía de la lactante, los ojos empapados porque no hay fallo judicial que les devuelva a su hija y el hastío para cumplir con el trámite necesario que pueda dar un poquito de sosiego a sus almas rasgadas, quizás una brizna de consuelo a sus corazones rotos por la sensación de ser protagonistas de una situación horrible que pudo haberse evitado.

Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de medidas más estrictas y efectivas para prevenir situaciones similares,por eso la llamada "Ley Mía" surge como una respuesta legislativa a este trágico suceso, buscando proteger a las familias chilenas de la negligencia en el sistema de salud y sus irreparables consecuencias.

"La familia recibió apoyo, pero no del Ministerio de Salud, no de las autoridades, ni de la ministra de salud, eso ha sido absolutamente falso,

Diputada Camila Flores

5 Son las personas querelladas en la acción que se presentó ayer en el Tribunal de Garantía