El tortuoso camino judicial de quienes son víctimas de una negligencia médica
El caso de Mía Olivares, la bebita que falleció esperando atención, puso en el centro del debate la dificultad que tienen las familias para conseguir justicia.
En medio de la búsqueda por la reparación judicial de daños causados por supuestas negligencias médicas en el ámbito de la salud pública, el hospital Claudio Vicuña de San Antonio se encuentra en el epicentro de un debate sobre las barreras en el acceso a la justicia que buscan las familias que han sido víctimas de fallos en los procedimientos médicos.
Revisemos un ejemplo.
El 6 de julio del año 2017 un hombre, adulto mayor, asistió a la urgencia del Claudio Vicuña por presentar síntomas de sangramiento, dolor abdominal difuso y desmayos. El paciente fue ingresado al servicio de Medicina donde permaneció durante toda la noche, agravando sus síntomas y su compromiso hemodinámico para luego, al día siguiente, presentar un estado más grave con compromiso de conciencia.
Según la familia, y el propio afectado, el hospital no habría tomado las medidas ordenadas en la misma ficha clínica y tras un largo peregrinar en busca de respuestas el 18 de junio de 2019 se interpuso por este caso una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, por su responsabilidad en la "falta de servicio".
A la fecha han pasado más de seis años y el caso está en la Corte Suprema, que deberá resolver en última instancia una causa patrocinada por la abogada Patricia Leiva Ibáñez, que en conversación con Diario El Líder se refirió a las barreras que deben sortear quienes son víctimas de una negligencia médica.
"Desde la etapa inicial de mediación obligatoria en sede administrativa, donde no existe voluntad real de llegar a ningún acuerdo , ya se aprecia la desigualdad en el acceso a la justicia: mientras las víctimas concurren representados por postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, las otras partes concurren, habitualmente, con abogados especializados; rara vez se tiene a la vista la historia clínica del paciente-víctima del daño; y además existen prácticas dilatorias, como la de suspensión de las audiencias por no concurrir los presuntos responsables", explicó la abogada.
Según la profesional "otra gran barrera en el acceso a la justicia es que el sistema público es quien tiene el beneficio de pobreza, esto implica que el demandado (hospital/servicio de salud) no deberá pagar gastos de tramitación del juicio, como notificaciones o gestiones para rendir la prueba y tampoco será condenado en costas (personales y procesales) aún cuando el demandante (la víctima) sea quien gane el juicio. Esta cuestión es incomprensible considerando el patrimonio que administra el ente público, ya sea en el presupuesto del Servicio de Salud o del hospital y que superará siempre el patrimonio de una persona víctima de negligencia".
-Estas parecen barreras infranqueables para cualquier persona, ¿hay otras?
-El tiempo también es una barrera, la larga duración de estos juicios, en promedio cinco años desde la presentación de la demanda hasta obtener una sentencia definitiva y apta de cumplirse. Por último, tal como se configura el sistema, se diluye la presunta responsabilidad administrativa del equipo conformado por tens, enfermeras y médicos del prestador de salud, que han tenido participación en los actos u omisiones que ocasionan los daños, esto se explica porque rara vez se abren investigaciones sumarias para determinar situaciones tales como por qué no se prestó la atención médica oportunamente a un paciente.
Recomendaciones
En este escenario donde solo los casos más mediáticos obtienen el respaldo político y a veces judicial que necesitan las víctimas, la abogada Patricia Leiva Ibáñez entregó algunas recomendaciones.
"Es muy importante pedir inmediatamente la ficha clínica del paciente y asegurarse de que no se haya omitido ningún documento esencial. También es importante asesorarse desde el comienzo con un abogado y ahí pactar los honorarios por etapas porque son al menos cinco años de tramitación y la demanda debe ser en contra del hospital y del Servicio de Salud para evitar estrategias dilatorias", precisó la abogada.
Patricia Leiva se mostró disponible para cualquier persona que necesite orientación sobre este tema y compartió sus contactos en Instagram @abogadaconsciente y el correo electrónico abogadaconsciente@gmail.com, donde puede ser localizada.
"Es muy importante pedir inmediatamente la ficha clínica del paciente y asegurarse de que no se haya omitido ningún documento esencial",
abogada Patricia Leiva