No me llames
El proyecto de ley conocido como "Anti-spam" que prohíbe las comunicaciones comerciales no autorizadas y que contempla multas asociadas por hasta 96 millones de pesos en caso de infracciones, si bien es bienintencionado, no es la vía correcta para resolver el problema de los llamados molestos. Esto por dos razones principales, una desde el punto de vista de los derechos de los consumidores y la otra desde la de protección de datos personales.
Respecto del derecho de los consumidores, este proyecto viene a reforzar la falta de armonía en nuestra regulación de consumo con un proyecto, que más allá de sus falencias, hace casi imposible su aplicación y que no considera elementos esenciales del sistema de cálculo de penas. Es por esto que para resolver los temas que afectan día a día a los consumidores, es necesario depurar y modernizar nuestra legislación en vez de ir agregando elementos de forma inorgánica que hacen que sea la norma con mayor cantidad de errores e inconsistencias. La buena noticia es que ya se está avanzando en un proyecto que tiene por objeto reforzar al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), entregándole nuevas atribuciones.
En cuanto a los datos personales, la iniciativa es un recordatorio que tenemos una deuda pendiente en la materia, ya que nuestra legislación data de 1999, antes de la masificación de internet, los teléfonos celulares, así como la aparición de nuevas tecnologías. Por esto, es importante tener presente el proyecto de ley que ya lleva seis años en el Congreso y que entre otras cosas establece el principio de finalidad que prohíbe los contactos comerciales no deseados; impide la cesión de datos, por ejemplo, entre proveedores, sin la expresa autorización del titular; y crea un sistema expedito para hacer ejercer derechos.
Si bien se trata de una buena señal, este proyecto de ley no viene a solucionar las llamadas molestas que solo son la expresión de un problema mayor, que es el tratamiento y cesión no autorizada de datos, y que para resolverlo, se requieren cambios estructurales tanto en materia de su protección como de consumo.
Daniel Montalva
Decano
Facultad de Derecho
Universidad de las Américas