Matías Gatica Lindsay

El chileno Nicolás Zepeda declaró ayer en el juicio de apelación que se lleva en Francia, luego de ser condenado en 2022 a 28 años de cárcel por el asesinato en 2016 de su expolola, la japonesa Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

El titulado de ciencias administrativas de 32 años declaró en francés ante el Tribunal de Vesoul, donde según medios locales dijo que "rechazo con todas mis fuerzas los hechos que se me reprochan. Es una acusación horrible que se añade a la desaparición de Narumi. Ha sido una verdadera pesadilla. Yo no maté a Narumi y espero que este proceso nos conduzca a la verdad, a una verdad que necesitamos... tal vez para encontrarla (...). Llevo a Narumi en mis pensamientos, pienso en el enorme dolor de su familia".

Los hechos por los que fue condenado Zepeda ocurrieron el 4 de diciembre de 2016, cuando la estudiante, que entonces tenía 21 años, había terminado su relación con el chileno semanas antes, razón por la que fue a visitarla a Bezansón, Francia, donde cenaron en la residencia estudiantil en que ella se quedaba. Ese mismo día la japonesa desapreció y hasta la fecha no ha sido hallada. Estudiantes dijeron que escucharon gritos durante esa jornada.

Según aseguró en el primer juicio la fiscalía, Zepeda habría asfixiado a Narumi para luego tirar su cuerpo en un río y hacerse pasar por ella en sus redes sociales para así ocultar el crimen, versión que en esta nueva instancia solicitada por la defensa del chileno, los abogados Renaud Portejoie y Sylvain Cormier, buscarán desmentir con nuevos testigos y la presentación de un nuevo informe siquiátrico.

En el primer juicio el tribunal determinó que existían pruebas de que fue un crimen premeditado.

Previo al juicio, que se extenderá hasta el 22 de diciembre y por el cual el imputado arriesga cadena perpetua, su padre, Humberto Zepeda, dijo que "nadie puede asegurar que Narumi hoy está fallecida. Científicamente, no se puede", agregando que no se debe condenar a prisión a su hijo con "una hipótesis" y que presentarán "pruebas contundentes" que demuestran la inocencia del joven.

Al juicio viajaron la madre y dos hermanas de Narumi, quienes según su abogada "no esperan nada" y acudieron solo "para honrar la memoria de Narumi".

A un año de que se destapara un megafraude realizado por cerca de 30 médicos, la PDI informó ayer la desarticulación de un clan familiar que creaba empresas ficticias para defraudar al fisco mediante la emisión de licencias médicas falsas.

Según detallaron desde la institución, el grupo familiar de apellido Quilodrán creó tres sociedades, con las cuales contrataron a cerca de 600 falsos trabajadores que presentaban licencias médicas repetitivas y de alto costo con médicos extranjeros coludidos para cobrar la subvención del Estado, a través de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

Mediante este método la asociación criminal, que fue descubierta porque el 80% de los trabajadores de una de las empresas estaba con licencia, defraudó al fisco, específicamente a Fonasa por $4.200 millones, de los cuales, según la fiscalía, fueron recuperados $1.200 millones.

Desde la PDI dijeron que realizaron 36 allanamientos, en los que se detuvo a la misma cantidad de personas, quienes fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y obtención de licencias médicas falsas. Diecinueve de ellos quedaron en prisión preventiva.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que decretará emergencia comunal para combatir la delincuencia, tal como hizo su par de La Reina, José Manuel Palacios.

La decisión incluye 10 medidas, entre las que destacan la implementación de controles vehiculares nocturnos en 15 puntos estratégicos; la contratación de 100 exfuncionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas; el despliegue de turnos especiales de 60 funcionarios de Seguridad Ciudadana y 25 inspectores municipales; operación extraordinaria de flota vehicular de equipos de emergencia; 30 camionetas de seguridad ciudadana disponibles para patrullaje; 35 motos de seguridad ciudadana para apoyar puntos de fiscalización; y la adquisición de torres de iluminarias y baliza bicolor.