Matías Gatica Lindsay

El Presidente Gabriel Boric defendió ayer las reuniones que sostuvieron seis de sus ministros en la casa del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, lo que ha sido cuestionado debido a que no fueron registradas como lo establece la ley de Lobby.

Una investigación de Ciper reveló la semana pasada que los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvieron una reunión con empresarios del salmón en la casa del exjefe comunal, a la que también acudieron en alguna oportunidad los secretarios de Estado, Alberto van Klaveren (RR.EE.), Carolina Tohá (Interior), Jeannete Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

Esto generó cuestionamientos por parte de la oposición y algunos diputados oficialistas, quienes solicitaron que los ministros acudan al Congreso a dar explicaciones.

Pese a ello, ayer Boric dijo que "acá no ha habido ningún incumplimiento de ley y el mandato que yo le he entregado a nuestro Gobierno, es que se reúnan con todas las actorías para poder sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile (...) Mi mandato va a seguir siendo siempre negociar hasta que duela".

"El estándar tiene que ser cumplir la ley" y en ello" nadie se puede exceptuar para no hacerlo y cuando la ley se incumple, tienen que establecerse las sanciones que corresponden", agregó el Presidente.

Sobre este tema, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "uno puede tener opiniones de lo que debería cambiar en la ley (de Lobby), o si la ley es suficientemente estricta, pero lo que obliga a registrar por lobby, son las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión de parte de una autoridad (...) Ninguna de estas reuniones tuvo por objeto incidir en una decisión de las autoridades".

El presidente de la Comisión Investigadora de Robo de Salmones, el diputado RN, Mauro González, dijo a este medio que "al parecer estamos ante una práctica habitual de este gobierno, que lamentablemente solo afecta la confianza en las autoridades y creo que es una falta a la transparencia".

Tras ser despachada desde el Congreso, el Presidente Gabriel Boric promulgó ayer la Ley Karin que tiene por fin prevenir, castigar y sancionar el acoso laboral, de violencia y sexual en el trabajo.

Esta ley es nombrada así en honor a Karin Salgado, tens de Chillán que se suicidó tras dejar una carta en la que relata el hostigamiento sufrido en su trabajo antes de su muerte. La ley fue ingresada a discusión por la diputada Erika Olivera y tras ser despachada fue publicada en el Diario Oficial.

La nueva regulación define qué se entiende por acoso laboral, sexual y discriminación; agrega la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos, es decir, conductas de clientes, proveedores o usuarios que afecten los trabajadores que prestan servicios; establece la obligación de las empresas y de los órganos de la administración del Estado de contar con un protocolo de prevención de acoso; obliga a las empresas a adoptar medidas o sanciones en el plazo de 15 días desde el término de la investigación; y una vez terminada la investigación exige al empleador a remitir los antecedentes al Ministerio Público en un plazo de 48 horas.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que "saludamos a toda su familia (de Karin) porque han luchado de manera incansable para que esta ley se convierta en una realidad".

El Presidente Boric dijo que la ley "va a salvar vidas y hará de los lugares de trabajo, espacios seguros".

Luego que esta semana Jorge Martínez, abogado del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, solicitó al Ministerio Público inhabilitar de la investigación que llevan en su contra a los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, ayer el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que la petición se resolverá "a la brevedad".

Dicha solicitud fue presentada días antes que Armendáriz pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a Yáñez por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social en 2019. La audiencia quedó fijada para el 7 de mayo.

Respecto a la petición de Yáñez, ayer Valencia sostuvo que "todos los fiscales regionales cuentan con mi respaldo y todos los fiscales adjuntos cuentan con mi respaldo (...) Ahora bien, efectivamente existe una solicitud de inhabilidad de ambos fiscales que se presentó antes de la solicitud de formalización".

"Esa petición se encuentra dentro de plazo, conforme a nuestros reglamentos para ser resuelta y, en consecuencia, corresponde que quien habla, la resuelva (...) Los plazos se encuentran vigentes. Ahora, el próximo martes es la cuenta pública de los fiscales regionales metropolitano, probablemente exista la expectativa de que se resuelva antes de esa fecha, pero este fiscal la va a resolver a la brevedad posible".Ayer la bancada de diputados de RN le pidieron a Valencia que se haga cargo de esta investigación.