Concejales de Algarrobo se reúnen con Contraloría por investigación de desfalco
Los ediles Marcela Mansilla y Carlos Tapia tuvieron un encuentro con el contralor regional por el desfalco de más de mil millones de pesos que afectó al municipio.
Los concejales de Algarrobo, Marcela Mansilla y Carlos Tapia, se reunieron con el contralor regional de Valparaíso, Ricardo Betancourt Solar, para conocer los avances de la investigación administrativa que lleva a cabo dicho ente, respecto al desfalco que sufrió la municipalidad.
En la reunión, los concejales también abordaron la contratación de personal a honorarios para programas comunitarios que no pasan por la aprobación del concejo, la venta de permisos de circulación de vehículos nuevos y la continuidad de la empresa informática Amisoft.
Reunión
La concejala Marcela Mansilla señaló que "lo importante de esta reunión fue la buena acogida del contralor y su equipo de trabajo, que está realizando sus labores al interior del municipio y en conexión con el Ministerio Público".
Además de la reunión con la Contraloría, en la última sesión del concejo municipal, Mansilla hizo un llamado a resguardar la probidad en la municipalidad, duramente golpeada por la corrupción de su exalcalde.
"El año 2024 es un año complejo, es un año de elecciones. Desde ese punto de vista es tremendamente importante que todos, la comunidad y nosotros también, actuemos con la máxima prudencia y diligencia en el uso de los recursos públicos para todos, porque estamos además saliendo desde situaciones bastante complejas en el 2023 y creo que este tiene que ser un año importante en términos de nuestra probidad", expresó.
caso
El municipio aún sufre las consecuencias del escándalo que estalló en noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía formalizó a la extesorera municipal de Algarrobo, Belén Carrasco, por malversación reiterada de caudales públicos que suman más de mil millones de pesos.
La investigación reveló que Carrasco, quien mantenía una relación sentimental con el alcalde de la comuna, José Luis Yáñez, adulteraba las nóminas de pago para desviar fondos públicos a terceros, entre ellos, familiares del alcalde.
Tras la formalización de Carrasco, el alcalde Yáñez también fue formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.
En el caso del cohecho, se acusó a Yáñez de haber recibido 25 millones de pesos de una empresa de excavaciones y áridos que tenía contratos vigentes con el municipio.
En diciembre de 2023, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la prisión preventiva de Carrasco y Yáñez.
Ambos imputados se mantienen en prisión a la espera del juicio oral.
El caso también ha tenido un impacto político. El alcalde Yáñez, quien era militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), renunció a su partido tras ser formalizado y al cargo de alcalde, puesto que hoy ocupa Marco Antonio González, elegido por el concejo municipal.