Vecinos del megacampamento saldrán a las calles para defenderse del desalojo
Tras los hechos de los últimos días, marcados por la notificación judicial a los ocupantes que deben desalojar el predio y por las declaraciones de los dueños del terreno, pobladores se declararon en alerta.
En una nueva etapa entró el conflicto por el desalojo de las 254 hectáreas del predio que va desde el cerro Centinela hacia la comuna de Cartagena, donde habitan unas 5 mil familias que se tomaron estos terrenos, luego de que la semana los tribunales notificaran la decisión judicial de desalojar el terreno.
Hay que recordar que la notificación apareció pegada en algunas casas de la toma, con la fecha a mano alzada del 4 de enero de 2024 y la firma del receptor judicial Juan Bustos Ibarra, en un acto que sirvió para dar por notificados, tanto a la persona que fue demandada, como a "la totalidad de los ocupantes" del predio de la decisión de la justicia en orden a desalojar el predio reclamado por sus propietarios a través de la Inmobiliaria San Antonio.
Y esta nueva fase del conflicto tiene que ver con la pasada a la ofensiva que realizaron los propietarios a través del gestor inmobiliario que los representa, quien, tras la notificación del jueves 4 y la publicación de Diario El Líder del sábado 6, hizo llegar a la dirigencia del campamento una carta de cinco puntos donde responsabilizan directamente al Ministerio de Vivienda (Minvu) de no cumplir los compromisos de la mesa de trabajo que se instaló para este conflicto.
"A contar de noviembre de 2023 no se ha tenido ningún tipo de contacto, ni mayor novedad referente al procedimiento (de compra) de manera que producto de la desidia y silencio alarmante por parte del Minvu, los abogados a cargo de la tramitación del juicio han tomado la determinación de continuar con la ejecución de la sentencia que ordena el desalojo del terreno ocupado irregularmente", dice, en su punto cuarto, la carta a la que tuvo acceso nuestro diario.
"En mi calidad de representante de los propietarios y enlace con las familias, ingresamos todos los antecedentes al sistema Sibis, y efectuamos tasaciones del terreno, entre otras. Por parte del Minvu se comprometieron a agilizar los procedimientos y efectuar una tasación formal del terreno, en una primera instancia para el 15 de octubre de 2023, y luego para el 15 de noviembre de 2023, dicha situación aún no se da conocer formalmente", se reclama en la comunicación firmada por el gestor inmobiliario Nabil Mansour Lelesdakis que el martes de esta semana confirmó a Diario El Líder la posición de su parte de responsabilizar al Ministerio de Vivienda por la falta de avances en el proceso de compra-venta del predio tomado.
En Alerta
Sobre este nuevo escenario la dirigenta Karina Ayala, vocera y presidenta de la agrupación Nuevos Aires San Antonio, que reúne a las cerca de 5 mil familias que ocupan el terreno en conflicto, declaró que "aquí (en la toma) los vecinos están todos alerta y preparados con toda la disposición de salir a la calle a defender su derecho a tener una vivienda digna, una casa propia, porque con todo lo que ha pasado en estos días quedó demostrado que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda no quieren resolver este problema".
Sobre el tema de fondo, que es el posible desalojo, Karina Ayala comentó que "la única solución posible sería que intervenga el Gobierno, pero no se ve que tengan voluntad porque dicen que tienen que hacer el diagnóstico socioterritorial y, como dije el otro día, se comprometieron a tenerlo listo en abril, pero con todo lo que está pasando no creo que lleguemos a abril, porque por un lado está la notificación de desalojo y por otro lado está el Gobierno con sus mesas de trabajo que no resuelven nada. Por eso llegado el momento la gente va a salir a la calle a defender sus casas".
254 hectáreas ocupadas ilegalmente desde el año 2019, desde el cerro Centinela de San Antonio hacia Cartagena, deben ser desalojadas por orden de la justicia.