Extrabajadoras de áreas verdes demandan al municipio por vulneración de derechos
María Reyes y Gloria Soto presentaron la acción legal por tutela laboral. En febrero será la audiencia de prueba. Citaron a concejales.
Un nuevo capítulo suma el conflicto de las áreas verdes en la comuna de San Antonio y ahora el escenario será la justicia.
En noviembre del año pasado, las extrabajadoras de la empresa Phoenix María Reyes y Gloria Soto presentaron en el Primer Juzgado de Letras de San Antonio una demanda en contra de la Municipalidad de San Antonio por tutela laboral, argumentando que se vulneraron sus derechos "respecto de la no escrituración de sus contratos de trabajo entre agosto y diciembre de 2023 y la imputación de los graves hechos de los que se nos acusa", se lee en el libelo presentado por el abogado Eduardo Chamorro, quien le ganó una demanda laboral al municipio por su despedido injustificado en 2021, meses después de asumir la alcaldía ciudadana.
La demanda además solicita una indemnización para ambas extrabajadoras de acuerdo a sus últimas 11 remuneraciones, como también al periodo comprendido entre agosto y diciembre del año pasado.
El conflicto
El conflicto para ambas operarias se gestó luego del fallo de diciembre del 2022 del Tribunal de Contratación Pública, que ordenó retrotraer la licitación al proceso de evaluación de las ofertas.
Luego que la concejala Valentina Riquelme diera a conocer el caso en junio del año pasado, la administración de la comuna determinó finalizar el contrato con Phoenix y suscribir un acuerdo por seis meses con otra empresa, para llamar a una nueva licitación, proceso que está en curso.
Los trabajadores de la mantención de las áreas verdes se manifestaron por varios días, expresando preocupación por su futuro laboral. En esas manifestaciones Reyes y Soto fueron voceras.
Para llegar a un trato, el concejo municipal lo aprobó el 1 de agosto bajo la condición de dar continuidad a los 107 trabajadores de Phoenix.
Sin embargo, María Reyes y Gloria Soto no fueron contratadas y protagonizaron después varios episodios de protestas, con interrupciones en las sesiones de la corporación, se encadenaron en el ingreso al municipio y acamparon fuera del edificio consistorial.
Justicia
El abogado Eduardo Chamorro detalló que ya se efectuó el proceso de audiencia de preparación y que el próximo 14 de febrero se efectuará la audiencia de prueba. "Pedí que asistieran los concejales de San Antonio, ya que todo esto pasó en el concejo municipal".
El profesional afirmó que luego del fallo del Tribunal de Contratación Pública, "a la gente se le dijo que iba a seguir trabajando, lo que se aprobó en el concejo. María Reyes y Gloria Soto fueron voceras del movimiento (antes del acuerdo) y participaron en unas charlas de inducción. El 5 de septiembre, y esto aparece en el acta del concejo municipal, la alcaldesa dice que a estas dos personas no las van a contratar porque las vinculan con consumo de alcohol y drogas en lugares públicos".
Según la tesis del abogado, "a ellas las finiquitaron el 31 julio, pero como dijo el concejo municipal que iban a contratar a todos, y a los que no contrataba la empresa lo haría el municipio, sostengo que ellas pasaron a estar contratas por el municipio basado en el principio de realidad. No tenían contrato formal, pero por los hechos estaban a disposición de la municipalidad".
La demanda va dirigida en contra de la municipalidad y la alcaldesa "quien dice como una verdad la versión de Parques Johnson. La alcaldesa da por hecho que ellas consumen alcohol y drogas en la vía pública. Da esta razón para no contratarlas".
El abogado explicó que "las defiendo porque ambas merecen un trato justo. Si no las iban a contratar, no había para qué decir públicamente que consumían alcohol y drogas en las plazas".
Destacó que lo relevante del caso "es la protección de la honra, el honor y los derechos de los trabajadores en un ambiente laboral".
Trabajadora
María Reyes, una de las demandantes, comentó que presentaron esta acción legal "porque nunca nos dieron una solución, (…) siempre se dijo, desde el 2 de agosto, que todos íbamos a quedar trabajando, que nos iban a llamar por teléfono y no fue así".
La extrabajadora afirmó que "fuimos vejadas, nos ha costado encontrar trabajo, quedamos mal por todo lo que se ha dicho de nosotras".
"Lo relevante del caso es la protección de la honra, el honor y los derechos de los trabajadores en un ambiente laboral",
Eduardo Chamorro, abogado.