En la megatoma del cerro Centinela se prepara nueva arremetida de protestas
Luego de los agitados días que se vivieron con el bloqueo los accesos a San Antonio de hace algunas semanas, en el campamento de Bellavista anuncian una nueva asonada de manifestaciones contra el desalojo.
Por estos días en lo alto del cerro Centinela de San Antonio, una batalla silenciosa se libra entre las familias que ocupan el predio de 256 hectáreas y las autoridades que, por orden judicial, han de desalojarlas en un plazo de seis meses.
Este conflicto, que tras las mediáticas protestas de hace algunas semanas ha estado burbujeando en San Antonio, ahora emerge con fuerza en las declaraciones de Karina Ayala, vocera de las familias afectadas. "El viernes rayamos los sitios para poner las carpas en el frontis de la Delegación Presidencial para visibilizar el problema y que se hagan una idea de lo que pasará cuando ocurra el desalojo, porque no estar en las redes, no salir en las noticias o en el diario, no significa que el problema se haya terminado", dijo a diario El Líder.
"Estamos preparando otra movilización, nos estamos organizando con nuevas protestas para que nos vean, porque la única manera que tenemos de hacernos escuchar y exigir que se resuelva este problema es protestando", sentenció Karina Ayala a nombre de sus vecinos.
Y el drama se intensifica al considerar el alcance de esta crisis, ya que, según datos de los propios pobladores, serían unas 5 mil 500 familias a desalojar, lo que equivale a unas 20 mil personas desplazadas. "Sería un crimen sacar a toda esa gente sin saber qué va a pasar con ellos" afirmó la vocera.
Diputada Interviene
Sobre esta crisis de vivienda que afecta a la zona y también al resto del país, la diputada sanantonina Camila Rojas planteó en la Cámara de Diputados que "en julio del 2022 se presentó el Plan de Emergencia Habitacional y en su momento valoramos esta cifra, pero a luz de las urgencias, creo que tiene que revisarse y, en caso de requerirse más recursos, el Congreso debería ser el primero en apoyar esta medida para poder hacer frente a esta verdadera catástrofe habitacional que se está viviendo en Chile y que afecta a los campamentos que más parecen ser el pálido reflejo de una histórica mala planificación estatal".
"Recalco que puse urgencia el año pasado porque pareciera que los tiempos de las necesidades de la gente están a una distancia sideral de las soluciones por parte del Estado", manifestó la diputada en el hemiciclo.
Camila Rojas agregó que "se está realizando un catastro de las familias y se va a realizar un diagnóstico socio territorial, que es necesario agilizar. Independiente de que estos problemas hayan sido heredados, y digo heredados porque al momento de asumir este gobierno existía un déficit habitacional de 600 mil viviendas y de 80 mil personas que vivían en campamentos, debemos dar soluciones".
5.500 familias ocupan el predio que debe ser desalojado, según datos de los dirigentes del campamento.