L. R. C.

A través de un procedimiento abreviado, el Tribunal de Garantía de Copiapó condenó y sentenció ayer a cuatro años de prisión sin beneficios por los delitos de secuestro, robo con intimidación y manejo bajo la influencia de estupefacientes a Luis Castillo Opazo, quien había sido indultado por el Presidente Gabriel Boric en 2022 tras cometer una serie de ilícitos durante el estallido social en 2019.

La investigación acreditó que el 14 de diciembre del año pasado la víctima subió a Castillo y a una amiga a su vehículo en el sector Casino, con quienes fueron a comprar bebidas alcohólicas. Luego, subieron a otras dos menores de edad y fueron a beber y a drogarse hasta el amanecer en un mirador.

Cerca de las 8.00 horas del día siguiente, Castillo le pidió a la víctima más dinero para comprar estupefacientes y tragos. Como el sujeto no tenía plata, Castillo le pegó y junto a las tres mujeres que andaba lo metieron al maletero del vehículo.

Según la indagatoria, todos ellos trataron de vender el auto del afectado, "para lo cual le tomaron fotografías y enviaron audios de WhatsApp a un posible comprador, mientras mantenían a la víctima bajo amenaza e insultándolo de acuerdo con lo que pudo escuchar en los archivos que forman parte de la carpeta de esta causa", detalló en un comunicado el Ministerio Público.

Finalmente, el grupo fue interceptado por Carabineros, que liberó al secuestrado y detuvo a sus captores.

El fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya, informó que también la acompañante de Castillo, Camila Morales, fue condenada a cuatro años, pero por tener irreprochable conducta anterior recibió el beneficio de la libertad vigilada intensiva.

Las adolescentes que participaron en el delito ya habían sido condenadas a seis meses de intervención de un programa especializado en el área de rehabilitación.

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 49 Comisaría de Quilicura buscan a un solitario delincuente, quien se hizo pasar por un exapoderado para colarse en un colegio de dicha comuna, donde asaltó y maniató a su directora.

A las 11.40 de ayer un hombre llegó al acceso de la Escuela Especial Palomar, situada en calle Humberto Caro, donde no entregó más identificación que tratarse del padre de un niño que había asistido a dicho establecimiento, y ahora necesitaba una nueva matrícula.

La persona entró al recinto con ese simple antecedente y mientras conversaba con su directora sacó un arma de fuego, con la que la intimidó, le amarró las manos con cables de computadores y huyó con dos teléfonos celulares y 360 mil pesos en dinero en efectivo.

Desde el colegio se informó que el delincuente jamás interactuó con los niños y nadie resultó lesionado.

El colegio lamentó en sus redes sociales el atraco, pero aseguró que activaron todos los protocolos, lo que facilitó que no hubiera desgracias.

Asimismo, informó que ante el hecho desde ahora en adelante para ingresar al establecimiento habrá que entregar tanto la identidad personal como la del estudiante.

A tres meses de su formalización, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la exalcaldesa de Maipú de rebajar su arresto domiciliario total a nocturno, que cumple como medida cautelar mientras es investigada por presunto fraude al Fisco y falsificación y uso malicioso de instrumento público. El juzgado, sin embargo, sí accedió a autorizar a la independiente pro UDI a acompañar a su hijo a terapia todos los viernes, dada su condición neurodivergente. Barriga está imputada por el manejo irregular de cerca de 30 mil millones pertenecientes a esta comuna capitalina. Ayer, la expresentadora de televisión insistió en su inocencia, aunque la fiscal Constanza Encina reiteró que la administración "ocultaba" dichos montos de la contabilidad municipal anual.