Matías Gatica Lindsay

En medio de las críticas que han surgido en contra del Gobierno, incluso del oficialismo, ante el alza de hasta un 43% de las tarifas eléctricas desde el 1 de julio, el Presidente Gabriel Boric señaló ayer que buscarán alternativas para ampliar el subsidio que se le entregará a las familias más vulnerables del país para paliar los efectos de esta medida.

Luego que en abril se aprobó la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, el Ejecutivo recordó la semana pasada que a partir del próximo mes se pondrá fin al congelamiento de las cuentas de la luz, las que se encontraban frenadas desde 2019.

La ley considera que el 40% de las familias más vulnerables, es decir, cerca de 1,5 millones de hogares, podrán postular a un subsidio para ayudar a costear los gastos adicionales, para lo que se dispuso de US$120 millones provenientes de un cargo aplicado a clientes de alto consumo.

Sin embargo, parlamentarios de izquierda y derecha han sostenido que esa medida es insuficiente y que se debería renegociar los contratos con las empresas involucradas; o bien ampliar el subsidio entregado este año.

Ayer la Multigremial Nacional le solicitó al Gobierno trabajar en un subsidio para las pymes, o bien congelar el alza para este sector, que según el presidente del gremio, Juan Pablo Swett, "no está en condiciones de que se les sigan imponiendo costos a su operación".

El martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que "no hay recursos" para ampliar el subsidio, aunque de todas formas señaló que se buscan alternativas para ir en ayuda de las personas.

Por su parte en medio de su gira por Magallanes, el Presidente Boric dijo ayer que "los precios hoy día no son los reales y cada vez que se posterga esta decisión (subir la tarifa) se acumulan deudas millonarias para el Estado de Chile, que finalmente terminan pagando los chilenos".

El mandatario agregó que "estamos liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas de ampliar ese subsidio, cosa de poder mitigar el impacto que sabemos es importante en particular para la gente más vulnerable".

"Que no les quepa duda que en conjunto con el Congreso vamos a buscar una solución lo más razonable posible sin eludir el problema", concluyó el mandatario.

Por su parte el ministro de Energía, Diego Pardow, se cuadró con la postura de Marcel e indicó a radio Duna que "lo dice el Consejo Fiscal Autónomo: espacio de gasto no hay. Cualquier gasto adicional tiene que salir de alguna parte. Lo que no hay es espacio presupuestario sin usar".

Como alternativa, el secretario de Estado señaló que una de las ideas que se baraja para obtener fondos extras para afrontar este problema es la de "una sobretasa transitoria al impuesto al carbón".

El Instituto Nacional de Estadísticas informó ayer que el Censo 2024 se extenderá hasta julio en 95 comunas del país para "completar la cobertura de población requerida".

Según el organismo, "conforme a lo planificado, este 30 junio el INE habrá finalizado el trabajo de recolección de datos en 250 comunas del país", pero "al mismo tiempo, en una definición compartida al Comité Asesor de Censo 2024 y Celade, decide continuar en terreno durante julio con el operativo censal en 95 comunas, que corresponden principalmente a capitales regionales y comunas de la Región Metropolitana, y que irán cerrando gradualmente".

Desde el INE agregaron que esto tiene por fin "completar la cobertura de población requerida" y aseguraron que a la fecha "el Censo ha avanzado de manera satisfactoria, habiendo censado a más de 7 millones de viviendas a lo largo del país y con alrededor de un 4% de viviendas donde las personas no han podido o han optado por no responder al momento de la visita".

A su vez dijeron que entre marzo y mayo fueron 25 mil los censistas que realizaron esta labor, que en junio se redujeron a 10.000. Para esta etapa final sólo continuará un equipo de alrededor de 4 mil encuestadores.

El Gobierno informó ayer la salida de Juan Andrés Lagos (PC) como asesor de la Subsecretaría del Interior, donde arribó en 2022 y se dedicaba principalmente a realizar minutas sobre contingencia.

Tras las críticas que recibió Lagos desde la oposición y algunos sectores del oficialismo por algunos dichos sobre el régimen de Nicolás Maduro en la investigación sobre el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y algunas apologías al estallido social, algunos parlamentarios pidieron su salida del Gobierno, la que se concretó ayer.

Ante la salida del militante del PC y cercano al presidente de esa colectividad, Lautaro Carmona, desde el Gobierno señalaron que se debía a "procesos normales de cambios de equipo" y no a una definición política.

Junto a Lagos, quien hasta ayer no tenía reemplazo, se removió de su cargo también a los militantes del PS Carolina Garrido, quien era jefa de la división de seguridad pública de la subsecretaría; y Francisco Astudillo, encargado de la división de gestión y modernización de las Policías.

Sobre la salida de Lagos , la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), dijo que "la decisión de remover al señor Lagos se debió haber adoptado meses atrás, cuando defendió públicamente a la narcodictadura de Venezuela". El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, agregó que "valoramos que saliera del Ministerio de Interior y Seguridad Pública porque estaba haciendo daño a la institucionalidad".