Crónica

El tiempo avanza y con ello sigue creciendo la incertidumbre de las casi 4 mil familias que habitan en el megacampamento del cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, sobre el cual pesa una orden de desalojo dictaminada por la Corte Suprema, cuyo plazo fatal se cumple en octubre próximo.

Felipe Olea, abogado que representa a cerca de 3.500 pobladores del comité Nuevos Aires -uno de los existen en la toma-, expresó que pese a que el máximo tribunal estableció como condición que a las familias se les debe reubicar y prestar resguardo, las autoridades no han tomado acción directa para subsanar esta situación.

"Ningún plan"

A juicio del profesional, lo más grave es que a tres meses de vencer el plazo establecido por la Corte Suprema, el Gobierno "no tiene ningún plan de reubicación" para las familias que componen el campamento.

Como solución, se ha planteado la posibilidad de que el Estado haga la compra del predio de 260 hectáreas a la inmobiliaria dueña del paño, para poder regularizar con el tiempo la situación habitacional de estos vecinos que hoy no cuentan con otro lugar donde ir, en medio de la crisis de vivienda que afecta al país. "A pesar de que el propietario tiene intención de vender el terreno a un precio menor a la tasación fiscal, el ministerio (de Vivienda) no ha sido claro respecto a sus intenciones de adquirirlo", manifestó Olea.

Según el abogado, lo más inquietante "es que en octubre estos vecinos se verán obligados a dejar sus hogares y desde las diferentes instituciones desconocen la resolución de la Corte Suprema".

Poca información

El profesional, vía Transparencia, solicitó a distintas instituciones información referente al actual estado de las coordinaciones ordenadas por la Corte Suprema para reubicar y resguardar a las familias de la megatoma. La Delegación Presidencial Provincial le respondió que "los tribunales superiores de justicia no han ordenado derechamente el desalojo, sino que, expresamente, indica que en caso de ser necesario el mismo, se deben adoptar las medidas que señala".

Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema explicita que "la totalidad de los ocupantes de la heredad deberán hacer abandono de la misma en el plazo de cuatro meses antes indicado, pues de lo contrario se dispone, desde luego, el desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición". A su vez, el máximo tribunal reconoce que durante el último tiempo han aumentado los asentamientos irregulares, por lo que las autoridades deben coordinarse para remediarlo.

"Este Gobierno ha demostrado desconocer el principio de coordinación con que debe desarrollarse la función pública, mostrando su cara más amarga, por ejemplo, en la desastrosa gestión del control del megaincendio de Viña del Mar, por lo que no debiera sorprendernos que mientras la delegación presidencial de San Antonio sostiene que no existe un fallo que ordene el desalojo a la fecha, el Ministerio de Bienes Nacionales por otro lado, se pronuncie señalando que aún se encuentra en estudio el proceso de compra del terreno", aseveró Olea.

En otro documento de respuesta a una solicitud de información por parte del abogado, el seremi de Bienes Nacionales, Tomás Covacich, señala que es el Ministerio de Vivienda el que está a cargo de las coordinaciones entre las instituciones del Estado y que el Serviu está llevando a cabo un catastro socio-territorial para evaluar las características del territorio con la "finalidad que, a partir de ese informe, se elabore una tasación comercial que permita concordar con los propietarios un valor accesible para ser asumido por el Estado. Esto último, pues el Fisco de Chile carece de terrenos en donde acoger a las 3.900 familias" que conforman una de las tomas más grandes del país.

"Este Gobierno ha demostrado desconocer el principio de coordinación con que debe desarrollarse la función pública",

Felipe Olea

260 hectáreas de terreno ocupa la toma del cerro Centinela de San Antonio.