Francisca Palma Schiller

A comienzos de abril la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados inició el trámite del proyecto que buscaba modificar la Ley 20.380, norma que dice relación con la protección de los animales, con el objetivo de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros.

En concreto, el proyecto buscaba sancionar a quienes organizaran una carrera de perros, cualquiera sea su raza, con presidio menor en su grado mínimo -de 61 a 540 días- y con multas oscilantes entre las 2 y las 30 UTM, como también castigar con una multa de 2 a 20 UTM a quienes promovieran o difundieran estas carreras.

En medio de la discusión, desde la Fundación Galgos Chile informaron que durante el 2023 se registró un total de 2.382 denuncias y órdenes de investigar asociadas al delito de abandono o maltrato animal: la capital encabezó las cifras con 1.079 casos, seguida por Valparaíso con 342; y La Araucanía con 258.

Día clave

Así, tras casi cuatro meses de debate, ayer se realizó la votación del proyecto que no estuvo exenta de polémicas.

Lo anterior porque a primera hora de este martes, a eso de las 6 de la mañana, cerca de dos mil personas comenzaron a aglomerarse en las afueras del Congreso Nacional para mostrar su rechazo al proyecto de ley.

Y al parecer, sus solicitudes fueron escuchadas, ya que con 68 votos en contra, 58 a favor y 13 abstenciones, el proyecto de ley fue rechazado.

Sin perjuicio de ello, la sensación, para algunos diputados de la zona, fue de amargura.

"Lamentablemente se ha rechazado la ley que buscaba prohibir las carreras. Estas carreras se han prestado para una serie de abusos en contra de estos animales. Los galgos se venden y compran en el mercado, justamente, como un 'bien mueble', como una 'inversión' en el negocio de las apuestas y, cuando el perro se niega a correr, cuando ya 'no sirve', en muchos casos se les golpea y se les bota", comentó el parlamentario comunista Luis Cuello.

2.382 denuncias y órdenes de investigar asociadas a abandono o maltrato animal se registraron en 2023 en el país.

Una dispar postura ante la propuesta de que el Estado asuma una mayor participación en la distribución eléctrica del país tras el conflicto desatado por los prolongados cortes de energía que dejó el último temporal, mostraron ayer los diputados Andrés Celis y Camila Rojas, ambos representantes de la zona.

El primero, integrante de la comisión de Minería y Energía, expresó su rechazo a la idea de una empresa estatal. "Esto es una locura, no estoy dispuesto a debatirlo. El tener una empresa estatal no garantiza más recursos, sino más burocracia y más contratados".

El parlamentario RN manifestó su preocupación por el impacto que una mayor intervención estatal podría tener en la calidad del servicio y en los costos asociados.

La diputada sanantonina del Frente Amplio, por su parte, indicó que "Chile necesita repensar su estructura en la provisión de servicios esenciales, en donde la participación del Estado debe ser clave para garantizar el acceso".

"En esa línea me parece que el que podamos hablar y conversar sobre la necesidad de que el Estado tenga un rol protagónico en la distribución eléctrica, no nos hace mal como país. La creación de una empresa eléctrica estatal es positiva ya que una iniciativa de estas características nos permitirá asegurar que todos y todas, sin importar su lugar de residencia, tengan garantizado un suministro eléctrico confiable", opinó Rojas.