Familias del campamento que será desalojado dicen sentirse abandonadas
Ocupantes de un predio en Punta de Tralca se enfrentan a cuenta regresiva para una inminente desocupación y decidieron intensificar sus protestas en busca de una solución que evite que pierdan sus hogares.
Por estos días el sol apenas se ha asomado en la comuna de El Quisco, donde las calles lucen llenas de pancartas que reclaman porque a solo una semana de que se cumpla la orden de desalojo en la parcela 12 del sector Punta de Tralca, la comunidad afectada, que ha hecho de este lugar su hogar desde 2015, decidió intensificar sus protestas.
Con rostros marcados por la incertidumbre y la desesperación, alrededor de 50 personas, según datos de los propios afectados, buscan que las autoridades escuchen sus demandas antes de que sea demasiado tarde y desde esa posición han desplegado sus carteles de protesta en diferentes puntos de la comuna.
Ana Celis Galaz, quien se ha convertido en la portavoz de este campamento, no oculta su angustia. "Estamos desesperados, no tenemos dónde vivir. Hay personas que llevamos quince años en este lugar, donde muchos han invertido lo poco que tienen para darle seguridad, un hogar, una vivienda para sus hijos", comentó a Diario El Líder Ana Celis, con la voz entrecortada reflejando el sentir de decenas de familias que ven cómo su futuro se desvanece entre promesas incumplidas y decisiones que los dejan al borde del abismo.
Sin ayuda
"Este es el primer campamento registrado en el censo de asentamientos precarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, ha sido testigo de compromisos que se desvanecen en el aire, porque nos prometieron arriendo en caso de desalojo, pero ahora, a solo días de que esto se haga realidad, nos dicen que no nos pueden ayudar", denunció la portavoz de los vecinos afectados, dejando en evidencia la sensación de abandono que embarga a estas familias.
El conflicto no es nuevo. La demanda del Seminario Pontificio Mayor para desalojar a las familias se gestó a pesar de las conversaciones que se mantenían con el Servicio de Vivienda y Urbanismo para la compra del terreno, dicen los afectados.
Al respecto Ana Celis argumentó que "esas negociaciones parecen haberse desvanecido, dejando a estas familias en una situación crítica. Nos sentimos humillados, nos sentimos abandonados. No somos gente que vive en la calle, somos personas con un hogar, y ahora todo se viene abajo".
Cuando partieron las protestas la delegada presidencial Caroline Sireau, explicó a Diario El Líder que "hace ya varios meses venimos trabajando en una mesa en conjunto con el municipio, el Serviu, el Programa de Asentamientos Precarios que tiene una intervención en el campamento para de esta manera poder evaluar e informar también a las familias acerca de las distintas soluciones que ofrece el Servicio de Vivienda y Urbanismo para encontrar una solución definitiva a sus viviendas".
50 personas habitan en los 23 predios sobre los que hay una orden de desalojo.