Mónica Jorquera Escobar

Para impedir movimientos bancarios en cuentas que fueron abiertas en Estados Unidos por la imputada por malversación de caudales públicos en la Municipalidad de Algarrobo, la fiscalía solicitó que se retengan los dineros.

El fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de Valparaíso, Claudio Rebeco Muñoz, requirió ante el Juzgado de Garantía (JG) de San Antonio que se efectúe la tramitación para retener las platas que fueron depositadas por la acusada Belén Carrasco Serrano, pareja del exalcalde y coimputado Jorge Yáñez Maldonado.

"Estamos solicitando algunas medidas cautelares respecto de bienes de los imputados para asegurarlos patrimonialmente, para que puedan ser retenidos por el tribunal, en que se vincula también algunos fondos depositados en una cuenta de un banco norteamericano", detalló el persecutor Rebeco a Diario El Líder.

-¿Es el dinero usado para comprar inmuebles en Estados Unidos?

-Son cuentas en las que se depositaron dineros para la adquisición de alguno de esos sitios o terrenos y que están en poder de la empresa (inmobiliaria y bancaria) a través de la cual se hizo esta operación de compra-venta.

Adquisición

En el detalle, la retención se trata de dólares que fueron transferidos por la acusada a un banco estadounidense con el fin de adquirir terrenos en el estado de Florida a través de la compañía Owny Holdings.

Según la investigación de la Urac, la exfuncionaria municipal efectuó entre 2022 y 2023 al menos dos contratos para comprar bienes inmuebles.

Para ello, según la investigación, realizó al menos 15 operaciones bancarias con la citada empresa a través de una tarjeta de crédito.

El dinero que se pide retener supera los 40 mil dólares, unos 40 millones de pesos.

"La autorización de esta medida cautelar se va a debatir en una próxima audiencia", detalló el fiscal Rebeco. Esta quedó programada para octubre próximo.

Cautelar

Además, el fiscal de la Urac detalló que la defensa del exjefe comunal de Algarrobo solicitó que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva en que se mantiene y que se dicte su arresto domiciliario, tal como se encuentran los otros cinco imputados en esta causa.

Esto fue desestimado por el juez de garantía, por lo que el abogado de Yáñez presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que resolvería esta jornada si hay cambio en la cautelar.

Por ahora se mantiene interno en la cárcel de Casablanca.

En noviembre pasado el exalcalde y su pareja, quien era la encargada de Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, fueron detenidos. Se les imputan los delitos de malversación de caudales público y lavado de activos por un total de 1.069 millones de pesos, que fueron desfalcados entre marzo de 2022 y el 7 de noviembre pasado. Los otros acusados por esta causa actuaron, en su mayoría, como testaferros, recibiendo el dinero en sus cuentas bancarias.

1.069 millones de pesos fueron desfalcados en el municipio de Algarrobo entre marzo de 2022 y noviembre pasado.

Dos ladrones "expertos" que fueron detenidos con especies robadas quedaron en libertad tras la audiencia de control en el Tribunal de Garantía de San Antonio.

Los dos imputados, que habían sido capturados esta semana cuando vendían especies robadas desde una casa, ayer recuperaron su libertad.

Los sujetos, Amadier A.P.V. (29) y Gustavo F.A.S. (45), fueron aprehendidos por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría de Carabineros de Cartagena cuando ofrecían una cámara fotográfica profesional en pleno centro de El Tabo, misma comuna en que dos días antes se registró el robo a una vivienda de veraneo que fue desvalijada, desde donde sustrajeron la máquina de fotos.

Ambos sujetos, que cuentan con extenso prontuario policial por diversos delitos que incluyen el robo en lugar habitado, fueron formalizados por receptación de especies en el Juzgado de Garantía de San Antonio.

Luego que se expusieran los antecedentes, el tribunal dictaminó que los dos recuperaran su libertad y que se mantengan con una medida cautelar de baja intensidad como es la firma mensual en dependencias de Carabineros.

El tribunal dictó 90 días como plazo para la investigación del caso.