Cuestionan propuesta de cooperativas para comprar predio de la megatoma
Abogado inmobiliario planteó que es "ilegal e inconstitucional".
En las reuniones que sostuvieron los pobladores de la megatoma del cerro Centinela con los representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, después que se entregaron los resultados del catastro elaborado por el Serviu, se plantearon alternativas para dar una solución habitacional a las 3 mil 984 familias que habitan las 257 hectáreas del predio.
Como aclaró la Seremi del Minvu la semana pasada, luego de la última reunión con los pobladores "el Estado y el Ministerio no pueden comprar los terrenos en toma".
Frente a esto la cartera propuso "en la mesa de trabajo con los y las dirigentes de la toma es que las cooperativas cerradas de vivienda u otro tipo de organización permitan a un grupo de pobladores y pobladoras adquirir el terreno, y resuelto el tema de la propiedad, el Estado puede entrar con sus programas de urbanización u otros, que van por conductos regulares".
La alternativa no convence a los vecinos, ni a los dueños del terreno ni a juristas especialistas en la materia.
Karina Ayala, de la coordinadora Nuevos Aires, una de las organizaciones que habitan el campamento, dijo que "investigamos en la ley de cooperativas y en la única parte donde se pueden usar es en Valparaíso y otras zonas que se especifican, pero no se nombra a San Antonio por ningún lado".
Según la dirigenta "nos vienen a imponer un modelo de cooperativa, cuando acá no se puede implementar".
Dueños
El abogado de los propietarios del terreno, la Inmobiliaria San Antonio, Diego Pereira, manifestó en una nota de El Mercurio de Valparaíso, que no se cierran a ningún tipo de alternativa, ni siquiera a la idea de las cooperativas, pero advirtió que, como inmobiliaria, "no tenemos intención de sentarnos a negociar con las personas que usurparon el terreno".
El abogado propuso que "el Estado intervenga, ya sea generando una fórmula en conjunto con los usurpadores o, en su defecto, haciéndolo directamente con la inmobiliaria".
El otro reparo, indicó, "tiene que ver con temas de plazos y económicos, porque la propuesta del Gobierno implica la creación de varias cooperativas cerradas de vivienda que irán comprando de a poco el terreno, con un subsidio que no sabemos cuándo va a llegar, ni los plazos".
Pereira duda que por la burocracia estatal "se cumplan los plazos que se vencen el próximo 6 de noviembre, cuando culmina la orden de desalojo que decretó la Corte Suprema".
Abogado
En la misma nota de El Mercurio de Valparaíso, el abogado inmobiliario, Rodrigo Andreucci, afirmó que "la pretensión del Gobierno de que los propietarios vendan a los usurpadores es ilegal e inconstitucional". En esa línea y citando al Código Civil, asegura que "ningún contrato puede celebrarse con un vicio de fuerza".
"Cuando el Estado de Chile le dice al propietario del terreno que venda a los ocupantes está ejerciendo una fuerza contra los propietarios", según Andreucci, quien además pone sobre la mesa que "el Estado está ejerciendo una coerción sobre la garantía constitucional del derecho a la propiedad".
Además, indicó que "promoviendo la formación de cooperativas, el Gobierno está apelando a algo que está prohibido". "Es imposible crear cooperativas fundadas en un delito y, la toma, en este caso lo es", expuso.
Para el jurista esta propuesta "no sólo se está incentivando la perpetración y consumación de un delito, sino que se está causando una injusticia en el patrimonio del propietario".