Pobladores de megatoma iniciaron la conformación de cooperativas
Confían en que las gestiones que realizan detengan la orden de desalojo y las querellas contra 217 dirigentes.
En la Delegación Presidencial Provincial, el pasado viernes representantes del megacampamento del cerro Centinela tuvieron una capacitación para la conformación de cooperativas de viviendas, como parte de la solución que planteó el Gobierno para el conflicto que los aqueja.
La Seremi del Ministerio de Vivienda dejó en claro que "el Estado y el ministerio no pueden comprar los terrenos en toma. Una opción que hemos propuesto en la mesa de trabajo con los y las dirigentes de la toma es que las cooperativas cerradas de vivienda u otro tipo de organización permitan a un grupo de pobladores y pobladoras adquirir el terreno, y resuelto el tema de la propiedad, el Estado puede entrar con sus programas de urbanización u otros, que van por conductos regulares".
De allí que este tipo de organización de los pobladores se presenta como la única alternativa para conseguir sus casas, pero también se aferran a que sea la vía para frenar el desalojo, que ocurría el 7 de noviembre.
"La cooperativa es lo que nos está imponiendo el Estado, pero tendremos que ceder. Como Nuevos Aires de San Antonio dijimos que no queríamos nada regalado, en base a nuestros dichos, el Gobierno nos dijo que la opción que tenía para nosotros es la cooperativa. Accedemos si este es el plan de trabajo que va a funcionar para sacar la orden de desalojo y las demandas que están en nuestra contra", planteó Karina Ayala, representante de Nuevos Aires, una de las agrupaciones que reúne a los vecinos de la megatoma
A inicios de septiembre, los dueños del predio de 256 hectáreas reactivaron las querellas en contra de 217 dirigentes del campamento, mientras que hace un par de semanas atrás, en El Mercurio de Valparaíso, el abogado de la Inmobiliaria San Antonio, Diego Pereira, afirmó que no estaban dispuestos a negociar con "los usurpadores".
Cooperativas
Las cooperativas cerradas tienen un número limitado de socios y de capital. "Haremos varias cooperativas, de hecho el viernes se conformaron cinco y el lunes (hoy) se conformarán las siguientes, con las personas que sí están de acuerdo con las cooperativas como solución", explicó Karina Ayala.
La representante de Nuevos Aires dijo que "confiamos, es el modelo que nos trajo el Gobierno, debería funcionar", aunque mantiene sus dudas. "Estamos esperanzados, es lo último que se pierde. No sabemos a ciencia cierta qué pasará el día de mañana y nos estamos preparando como vecinos para dar la lucha, en caso de un eventual desalojo", adelantó.
"Esperamos que no se llegue a esto, porque si sucede el desalojo, aquí habrá una batalla campal, correrá sangre de vecinos y vecinas que buscaron una solución habitacional en base a una toma, porque ni el ministro ni el Gobierno nunca se hicieron cargo de la crisis habitacional en San Antonio", analizó la dirigenta, recordando que el catastro del Serviu arrojó que la mayoría de las 3 mil 984 familias que ocupan el predio son sanantoninas.
Sobre esto mismo, Karina Ayala afirmó que "del desalojo no se habla, nos dicen que tenemos que trabajar a toda máquina en esto, para exponérselo al dueño y al ministro. Lo que no entiendo, es por qué la señora Gloria Maira (delegada del ministro Carlos Montes), nos dice que vamos a probar (esta solución). Nosotros no tenemos tiempo para probar, tenemos que ejecutar, porque no sabemos qué pasará con nosotros si el dueño se niega a vender a la cooperativa", expresó sus dudas sobre la alternativa que plantea el Minvu.
Según la representante de Nuevos Aires "el dueño tiene la disposición de vender, pero no entiende nuestra postura. Él quiere dinero y el Estado no quiere poner el dinero. Entonces nosotros tenemos que poner la plata. Nosotros podemos hacer las cooperativas y pagar nuestros terrenos en un plazo largo. Lo que el Gobierno pretende es bancarizar a nuestros pobladores. Si estamos aquí es porque no podemos pagar un dividendo alto".
Y advirtió que en el total del hectáreas del predio "hay terrenos en los cuales no se puede construir, son quebradas, terrenos perdidos, y esos también los tendríamos que comprar".
La dirigenta adelantó que "las directivas del campamento estamos barajando un abanico de alternativas para exponerle al dueño y al ministro de soluciones habitacionales para el territorio. Preguntamos si el dueño no accede a vender a través de las cooperativas qué pasara con nosotros y la orden de desalojo, pero fueron respuestas evasivas".
10 mil personas viven en el megacampamento según el catastro del Serviu.