Consejo de Defensa del Estado pide reintegro de $81 millones pagados a honorarios en Cartagena
Denuncia a la Contraloría General de la República en 2008 inició la investigación contra exautoridades y funcionarios.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a nueve funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Cartagena, incluidos dos exalcaldes, para reintegrar el dinero que se pagó a trabajadores del mismo municipio que fueron contratados como honorarios para desarrollar labores propias de sus funciones y pagos improcedentes o por labores no acreditadas.
El Consejo de Defensa del Estado determinó que el perjuicio a las arcas del municipio asciende a 1.223,19 Unidades Tributarias Mensuales, es decir 81 millones 416 mil pesos, al valor actual de la UTM.
La demanda del CDE determina que los demandados "deben responder en forma solidaria".
El caso se remonta a 2008, cuando se denunció en la Contraloría General de la República, organismo que derivó la investigación al Tribunal de Cuentas. Este órgano falló el 14 de febrero de 2019 en primera instancia, sentencia que fue confirmada en segunda instancia el 2 de septiembre del mismo año.
Entre los demandados figuran el exalcalde de la comuna, Osvaldo Cartagena Polanco, destituido en septiembre de 2011 por el Tricel por abandono de deberes y faltas a la probidad; y su hijo Jesús Cartagena, quien lo sucedió en el cargo.
En el concejo
El pasado jueves, la concejala Patricia Leiva expuso el caso en la sesión ordinaria de la corporación y planteó su preocupación por la responsabilidad administrativa que se le asigna a una funcionaria y a otra exfuncionaria.
"De alguna forma fueron engañadas y presionadas a firmar las órdenes de pago, para que se hicieran los cheques de los honorarios. Lo advirtieron, pero nunca hicieron nada en la administración comunal. No apelaron y ahora el 28 de octubre tiene la audiencia y ver qué se puede hacer, pero tienen que pagar", expuso la edil cartagenina.
Agregó que "esta es una situación muy triste, afecta a una funcionaria que sigue trabajando en el municipio en salud, quedó viuda en marzo de este año, y otra que hace cuatro meses se jubiló del área de educación y ahora tiene su casa embargada".
Según la concejala "esto no es justo. Llegó al Consejo de Defensa del Estado y ya no tiene apelación, porque no se hizo en su momento. Se dejó abandonado el caso y muchos de los que fueron beneficiados con estas platas se fueron de la municipalidad".
Patricia Leiva comentó que "cada una tiene que pagar más de 6 millones de pesos y otros funcionarios 30 millones de pesos. Es complicado para todos, pero tengo la autorización para dar a conocer los casos de estas dos personas".
La concejala llamó a la solidaridad con estas dos funcionarias, que "cumplieron con las obligaciones que se le daban".
Por su parte, el edil Marco Verdala en la sesión del concejo, afirmó que "esta información me causó mucho dolor, porque conozco a las familias de estos funcionarios y conozco de su probidad. Fui parte de ese periodo 2008-2012 como secretario municipal y sé de las presiones que existieron a muchos funcionarios para firmar decretos para pagarles a personas que ni siquiera eran de acá. Tuve que acudir a la Contraloría General de la República, porque muchas veces me negué a firmar esos decretos".
Según el edil "estas prácticas se repitieron en dos periodos, padre e hijo, y lo que es más grave, que sabiendo que tenían que apelar a los juicios de cuenta no hicieron nada".
Para el 28 el octubre a las 9.30 horas se fijó en el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso la audiencia de contestación y conciliación como lo establece el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, respecto a los plazos en este tipo de casos.