David Muñoz Castillo
Con el argumento de "evitar una crisis sanitaria", el Concejo Municipal de San Antonio aprobó por ocho votos contra uno el trato directo para el retiro de la basura domiciliaria y aseo de calles. El contrato por seis años con la empresa Tasui vence este 31 de octubre, y aún no se licita.
Esto llevó a la administración comunal a optar por esta vía para darle continuidad a una función privativa de las municipalidades, es decir, obligatoria por ley.
El contrato con Tasui tendrá una extensión de seis meses y un valor mensual de 280 millones de pesos. La licitación anterior fijaba un monto de $200 millones.
La semana pasada, en una sesión ordinaria, se aprobó una modificación presupuestaria para financiar el pago por los dos meses que quedan de 2024. Lo recaudado de distintas cuentas de la municipalidad no alcanzaría faltando aproximadamente 90 millones de pesos, de acuerdo a algunos concejales.
Ayer, en una sesión extraordinaria, debido a la urgencia de llegar al trato con Tasui, que seguirá prestando el servicio, si bien se aprobó, se planteó una serie de cuestionamientos.
En contra
Maximiliano Miranda, quien fue el único que rechazó la propuesta, cuestionó que se llegara a un trato directo, ya que esta vía se justifica según Contraloría "por algún imprevisto, aquí no es tal, esto se sabe desde 2023, estamos hablando de la ineficiencia e ineficacia de esta administración".
El edil PC planteó incoherencias entre los documentos entregados para el análisis de los concejales. "Se dice que las bases fueron observadas y en otro que están en toma de razón. ¿Están en toma de razón o Contraloría las devolvió con observaciones?", preguntó.
Miranda dijo que "más que una emergencia esto es una negligencia de la actual alcaldía y de la unidad técnica".
Por eso conminó "al municipio a investigar las responsabilidades administrativas comprometidas con este hecho. Contraloría lo instruye, no está condicionado a lo que estime la primera autoridad comunal".
Investigar
Valentina Riquelme insistió "en la urgencia" de la medida, ya que como estableció "la urgencia no puede ser provocada por la administración misma. Tuvieron bastante tiempo desde que salieron los dictámenes de Contraloría (con las nuevas exigencias para las licitaciones), fue hace más de un año. Esto debía estar listo antes".
La concejala aportó que en la sesión del martes de la comisión de Medio Ambiente, el director de Control observó una negligencia por parte de la administración en la confección y los tiempos para este contrato".
Y señaló "que es importante que se investigue por qué del atraso. No tenemos los oficios de la interacción con la Contraloría. Esta concejala pidió los oficios, porque con los oficios conoceremos las fechas de cuándo se enviaron las bases a la Contraloría. Eso es sumamente importante. Porque si las bases se enviaron hace dos, tres o cuatro meses a Contraloría, tenemos un grave problema, porque sabemos los tiempos que demora en responder".
Manuel Meza llamó a la alcaldesa a "instruir las investigaciones sumariales que correspondan".
Además dijo que "nos están forzando a tener resuelto este tema, porque o si no se nos vendrá un problema sanitario. Eso es culpa de esta administración, debieron velar para que esto no ocurriera en tiempo y forma".
Y justificó su voto señalando que "para evitar una crisis sanitaria voy a aprobar, pero alguien se debe hacer responsable en esta administración de la alcaldía ciudadana", insistió.
La concejala Paola Améstica aseveró que "si no aprobamos sería catastrófico para San Antonio, tendríamos una emergencia sanitaria. Esto lo debemos aprobar con una solicitud de sumario, para establecer las responsabilidades".
Urgencia
La directora jurídica de la Municipalidad de San Antonio, Sheref Ibáñez, explicó que "se requiere a esta modalidad de trato directo cuando ocurre una circunstancia de urgencia. Se incorporaron varios dictámenes y ocurre cuando hay procesos licitatorios que están aún en preparación o por cualquier circunstancias o motivos no se alcanza a tener el proceso licitatorio afinado. La Contraloría ha reconocido que utilizar esta modalidad es la necesaria para darle continuidad al servicio".
280 millones mensuales cobrará la empresa por prestar el servicio de retiro de basura.