Cinco recursos de protección ignorados
Escribo con una mezcla de indignación y frustración por lo que ha ocurrido con las comunidades de San Juan y La Princesa, en Santo Domingo, en el marco de la construcción del último tramo de la Ruta 66. Este proyecto, que avanza sin considerar el impacto real en las familias y su entorno, ha sido desde el principio una historia de promesas incumplidas y oportunidades perdidas.
Desde el año 2022, o incluso antes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantuvo a las comunidades en un estado de calma y contención. En reuniones con el MOP y la municipalidad de San Antonio, se nos ofreció la posibilidad de solicitar nuevas medidas de mitigación, generando expectativas que, con el tiempo, descubrimos que eran imposibles de cumplir. Sabían perfectamente que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado hace más de trece años, no permitía incluir nuevas mitigaciones. Este período, que duró casi dos años, no solo fue un tiempo perdido para la comunidad, sino un momento en que podríamos haber explorado otras instancias legales o sociales para enfrentar este proyecto con más fuerza.
Ahora, con la construcción ya en marcha, las consecuencias de esta falta de acción son evidentes. El ruido ensordecedor, las vibraciones constantes y la cercanía peligrosa de la carretera están afectando directamente a las familias. Peor aún, cinco recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso han sido rechazados, ignorando los problemas que estas comunidades llevan años denunciando.
Resulta incomprensible que, frente a esta cifra de recursos, las autoridades judiciales no hayan identificado un patrón de vulneraciones. Casos como el de una familia cuya salud se ve gravemente afectada por las vibraciones y el ruido no son simples denuncias (TEA), son pruebas de que algo está profundamente mal en cómo se gestionó este proyecto.
En otras regiones del país, como Santiago de Chile, existen precedentes donde los tribunales han fallado a favor de las comunidades, reconociendo su derecho a un entorno seguro y digno. Sin embargo, aquí se ha optado por derivar la problemática a instancias medioambientales del gobierno, conocidas por sus lentos procesos, dejando a las familias desprotegidas y enfrentando una obra que no considera sus realidades.
Por si fuera poco, la solicitud de revisión del EIA, ingresada hace diez meses, aún no ha sido procesada por el Servicio de Evaluación Ambiental. Este documento, que debería ser una herramienta actualizada y relevante, ignora las condiciones actuales, como el impacto acumulativo de otras actividades industriales y los desafíos del cambio climático.
Es momento de que las autoridades actúen con responsabilidad y justicia. Reconozcan que la falta de participación ciudadana, junto con la estrategia de contención utilizada durante dos años, ha dejado a estas comunidades en un estado de abandono. Urge revisar y actualizar el EIA, garantizar medidas de mitigación reales y atender los problemas ya causados por la construcción.
No podemos seguir permitiendo que las voces de San Juan y La Princesa sean ignoradas. Estas familias merecen algo más que promesas vacías: merecen soluciones reales.
Atentamente,
Cristian López