La PDI investiga un homicidio ocurrido en la comuna de Lago Ranco. Cerca de las 1:20 horas de ayer, un hombre de 48 años fue hallado muerto en una fogata en el sector de Rupumeica Bajo. Según detalló el fiscal Pierre Neira, la víctima presentaba diversas quemaduras, principalmente en la zona del abdomen y en las piernas. Su cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal para determinar las circunstancias y la causa de la muerte.
Matías Gatica Lindsay
Pese a que en el día el Gobierno dijo que en Bolivia habían decidio extraditar a Pablo Muñoz Hoffman, exfrentista detenido el lunes, la justicia de ese país lo habría dejado luego en libertad y sin cautelares en su contra.
Según La Tercera, fue dejado en libertad a menos de 24 horas de su detención, algo que fue confirmado por el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, que dijo que le parecía de la "máxima gravedad" y llamó al Gobierno a actuar.
En esa misma línea se expresó su colega RN Camila Flores, quien alegó que La Moneda "no haya tomado las medidas correspondienes para evitar que haya quedado en libertad".
El PS Tomás De Rementería declaró que "esperemos que se consolide el proceso de extradición"; mientras que su par PC Boris Barrera llamó a las autoridades nacionales a respetar la legislación boliviana, más allá de los intereses locales.
Hasta el cierre se desconocían los motivos por los que Muñoz quedó libre y se indicó que pese a su detención, alcanzó a tramitar y recibir un salvoconducto para ingresar a territorio chileno en diez días.
Por la mañana la ministra Tohá dijo que en un comienzo desde Bolivia le informaron a la PDI que "él sería expulsado y entregado en la frontera chilena". Sin embargo, agregó que finalmente las autoridades vecinas señalaron que el camino sería la extradición, a fin de continuar un proceso formal y para notificar su detención.
"Una vez que ello pase, la PDI debe informar al Poder Judicial que debe emanar una solicitud de detención para fines de extradición (...) hasta que no se genere no se echa a andar el procedimiento", admitió la jefa de gabinete antes de conocerse su liberación.
La ministra aclaró que Muñoz fue detenido por "una alerta roja internacional" emanada por los tribunales chilenos y por tener una situación migratoria irregular en Bolivia. En cuanto a las causas judiciales en su contra, "se refieren a dos situaciones. Uno, la evasión, la fuga desde la cárcel de alta seguridad; y segundo, un caso de secuestro que se provocó a propósito de un asalto a un camión de valores". Por este hecho fue condenado a 4 años de cárcel en 1993, tres años antes de la "fuga del siglo".
Muñoz Hoffman fue uno de los cuatro integrantes del FPMR que escaparon en un helicóptero de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago el 30 de diciembre de 1996 y fue el último en ser identificado tras estar 28 años prófugo.
Al cierre de esta edición el Gobierno no se había pronunciado oficialmente por lo ocurrido ayer.
Por nueve horas se extendió ayer la declaración del exsubsecretario Manuel Monsalve ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en la causa por presunto abuso sexual y violación del exPS contra una funcionaria del Gobierno.
Monsalve llegó a las 10:00 horas a las dependencias de la fiscalía, donde entregó su declaración por las acusasiones de índole sexual en su contra a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.
Pasadas las 18:00 horas y tras más de nueve horas en el lugar, el abogado de la exautoridad, el defensor público Víctor Providel, informó que la sesión se suspendió y que se retomará mañana.
El abogado dijo que no podía referirse al contenido de la declaración, sin embargo aseguró que "se enmarca y se vincula a la voluntad de colaborar con la investigación, de que se aclaren los hechos" y añadió que "esperamos que esta declaración pueda ser utilizada en nuevas líneas de investigación y nuevas diligencias de investigación".
Y agregó: "Nosotros sostenemos que no hay elementos para efectos de acreditar los delitos, ni tampoco elementos que puedan fundar participación. Esta declaración intenta demostrar aquello".
La abogada querellante de esta causa, María Elena Santibáñez, dijo que "entendemos que (la declaración) debiese ir en la misma línea que lo que ya se ha anunciado en las audiencias respecto a su teoría del caso. Sería muy raro que pasara una cosa distinta".
La bancada de diputados del Partido Republicano anunció ayer el ingreso de un requerimiento al Tribunal Constitucional para que resuelva una posible "inconstitucionalidad" en el contrato de compra y venta de la casa de Salvador Allende. Con ello pretenden que la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende "sean cesadas de sus cargos".
Luego que el Gobierno anunció el viernes que no iba a continuar la compra ante un posible conflicto de interés, pues iba a ser pagada por el Estado a Férnández y a su hermano, nietos de Allende, el lunes el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
Para el Partido Republicano esto es insuficiente y ayer ingresó una solicitud para abrir una comisión investigadora y presentará un requerimiento al TC para resolver una presunta inconsititucionalidad en el contrato.
Su jefe de bancada, Luis Sánchez, dijo que "si no fuera gracias a la prensa nadie sabría de este secretito (...) El contrato se llegó a suscribir y por lo tanto, se llegó a producir la causal establecida en la Constitución en el artículo 60 inciso segundo y en el 93 inciso 13, que establece la cesación de pleno derecho del cargo de ministra de Estado y de la senadora por suscribir contratos convenios con el Estado". La acción fue respaldada por el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán. Desde la UDI y RN también cuestionaron el rol de Allende y Fernández en este caso.
El diputado PS Daniel Melo dijo que que "la responsabilidad política se saldó (...) hay una animosidad histórica contra la familia Allende".
La senadora Allende, en tanto, aseguró que la familia actuó "de buena fe y si han surgido observaciones tendrán que ser tomadas en cuenta". Agregó que en el TC la defenderá Gabriel Osorio.