Matías Gatica Lindsay

El anuncio del Gobierno de que a partir de marzo Carabineros podrá comenzar a utilizar los dispositivos eléctricos de inmovilización temporal, más conocidos como pistolas taser, llevó ayer a un grupo de alcaldes a concurrir a La Moneda para solicitar que estas armas no letales sean proporcionadas también a los funcionarios de seguridad municipal.

El lunes el gobernador de la RM, Claudio Orrego, expresó su malestar por la demora en la implementación de estas para las policías, a un año y medio desde que se lanzó el proyecto. Ante ello el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, le contestó que en febrero "vamos a tener el protocolo completamente y en marzo se inicia la implementación de su uso". En un comienzo será un plan piloto con 30 dispositivos, los que luego se irán masificando.

Ante el anuncio, ayer los alcaldes de San Joaquín, La Cisterna y San Bernardo acudieron a La Moneda para que se estudie la posibilidad de dotar con estos dispositivos a los guardias municipales.

El alcalde de San Joaquín, Cristóbal Lira, dijo que la misiva era para "que de una buena vez por todas se puedan usar armas no letales". "Necesitamos cuidar a nuestros funcionarios municipales, a quienes colaboran con la seguridad. Este tema tiene una larga data. Ponemos en riesgo la vida de las personas sabiendo que podemos solucionarlo", agregó.

Por su parte el jefe comunal de San Bernardo, Crisopher White, dijo que "así como se ha investigado el uso de pistolas taser para carabineros, también las queremos para funcionarios de seguridad pública. Creemos que son claves para evitar agresiones".

"Esto sin duda ayudará a las fuerzas de seguridad a combatir la delincuencia (...) Hacemos el llamado al Gobierno para que tome esta propuesta", indicó el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos.

El delegado Durán dijo que "los guardias municipales ni siquiera están reconocidos por ley, entonces hay que ser responsables. Estamos a la espera de que se apruebe el proyecto que establece un sistema de seguridad municipal", aunque aclaró que esto no podría llegar a todas las comunas del país.

Pese a la respuesta de Durán de comenzar el plan piloto en marzo, el gobernador Orrego volvió ayer a mostrar su descontento por la demora. "A nosotros en 2023 el Gobierno nos señaló que a principios del 2024 se iba a implementar este sistema, después nos dijeron que en septiembre y ahora en marzo. Yo digo, ver para creer", señaló.

A ello agregó que "es un año y medio en el que te vienen diciendo que se va a hacer, pero no se hace. Entonces, a uno se le agota la paciencia. Espero que el compromiso (...) se haga en marzo".

Durán reiteró en el matinal de TVN que Orrego sabía que este proceso de estudiar el protocolo no era rápido.

El nuevo ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, criticó ayer que su antecesora, Marcela Sandoval, avanzara en la compra de la casa del presidente Salvador Allende para convertirla en un museo, lo que fue frenado por La Moneda ante los cuestionamientos a que se tratara de una transacción que involucraba a la ministra de Defensa Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende.

Figueroa dijo a Canal 13 que solicitó "informes de todo lo ocurrido. Me reuní con el subsecretario y le solicité instruir un procedimiento disciplinario para investigar dónde se cometieron errores, la desprolijidad" para "tomar medidas correctivas".

"(Estoy) convencido de que esto nunca debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales, que era el ministerio a cargo de este proceso", añadió. Pese a ello indicó que la adquisición "se paró en el momento preciso, pero podría haberse frenado mucho antes (...) Se cometieron desprolijidades en este proceso".

"A mí lo que me importa es entender los procedimientos que se llevaron mal, para eventualmente corregir los protocolos (...) Este es un proceso que se debió haber evaluado en el ministerio en su globalidad, es decir, hasta el final, hasta que saliera del ministerio", reiteró.

En la tarde de ayer, Chile Vamos acordó que, tal como hizo el Partido Republicano, presentará ante el Tribunal Constitucional una causa que apuntará a la senadora Allende, que a su juicio no podía sellar contratos con el Estado.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, insistió ayer que el recorte presupuestario de $7.064 millones en 2025 para el Ministerio Público le resultaba "inentendible" y dijo que los problemas con el Ministerio de Hacienda por dineros vienen de 2024.

El jefe de la repartición admitió que el tema fue abordado en un encuentro con fiscales regionales, mencionando que algunos se preguntaron si la rebaja no podría ser en "represalia" a las investigaciones de figuras políticas que lleva a cabo.

Si bien dijo que no tiene elementos para estimarlo, sí señaló que "hemos tenido problemas con Hacienda".

"El año pasado no nos pasaron toda la plata que habían comprometido para ECOH, nos trataron de recortar el presupuesto a finales del año (...) pero yo no tengo antecedentes personales que me permitan hacer una afirmación tan grave como esa", dijo en radio Pauta.

Consultado sobre los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que pese al recorte se ampliará el Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Valencia la desmintió. "No, no está esa plata. Qué bueno saber que la ministra quiere hacerlo", dijo.

"Necesitamos que eso se financie no solo el honorario, sino que también el gasto operativo. El dinero para ampliar el programa no está", insistió Valencia.

Parlamentarios llamaron a subsanar el recorte.