Crónica

El conflicto por el desalojo de la megatoma del cerro Centinela está que arde. A menos de una semana que se cumpla el plazo fijado por la Corte de Apelaciones para que comienza la erradicación paulatina del predio de 256 hectáreas, aún no existe una solución ni una idea clara de qué ocurrirá con las 10.152 personas, agrupadas en 3.984 familias, que viven en uno de los campamentos más grandes del país.

En el Diario El Mercurio, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, insistió en lo que ha venido planteando en los últimos días. Aseveró que desde que asumió, el 6 de diciembre pasado, está participando en "los acercamientos" entre las partes, en busca de una "salida alternativa" al desalojo que, según su opinión, generaría en la comuna una crisis humanitaria "sin precedentes".

El jefe comunal explicó que "el propietario manifestaba que no se iba a entender con 60 cooperativas. Entonces el Ministerio de Vivienda encontró una fórmula de conformar una federación de cooperativas, una figura jurídica que permitiría al propietario entenderse con una sola persona".

En esa misma línea, Vera precisó que la inversión que implica la compra del predio sería financiada con un crédito del BancoEstado u otro ente financiero, con garantía del Estado.

Según una presentación que el Minvu hizo este mes a una asamblea de dirigentes de la toma, hasta ahora hay 46 listas de personas dispuestas a organizarse en cooperativas y que reúnen a 2.995 familias. En 10 casos estas superan los 100 socios y las nueve más chicas tienen 25 integrantes.

Sin embargo, el abogado de los dueños del predio, Diego Pereira, sostuvo a El Mercurio que si bien la dispersión de interlocutores es uno de los graves problemas, la fórmula de la federación de cooperativas tampoco resuelve los aprensiones de sus clientes, que apuntan a que el Estado sea el interlocutor en la negociación por la venta del predio y no solo un intermediario entre los dueños y los pobladores.

"Ellos dicen 'el Estado es un amigable componedor. Pero nosotros no nos vamos a sentar a negociar con los pobladores, ya que están cometiendo un delito constante de usurpación. El rol del Estado no debe ser de un facilitador, sino de un garante de la operación", aseguró el abogado.

Reunión del lunes

El lunes, a tres días de que se cumpla el plazo para iniciar el desalojo paulatino de la megatoma, habrá una reunión clave para el futuro de conflicto.

En Santiago, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario de Interior, Luis Cordero, buscarán convencer a los propietarios de que la fórmula de que los propios habitantes de la megatoma adquieran los terrenos, organizados en cooperativas, es una solución alternativa al alzamiento de las familias.

Al encuentro está invitado el alcalde Omar Vera, quien durante los últimos días ha insistido que el municipio no tiene la capacidad para albergar a las más de 10 personas que habitan en el megacampamento.

"El rol del Estado no debe ser de un facilitador, sino de un garante de la operación",

Diego Pereira,, abogado de los dueños del predio

27 de febrero fue el último plazo dado por la justicia para iniciar el desalojo de la megatoma del cerro Centinela.

En el papel, el operativo de alzamiento de la megatoma significaría el inicio del desalojo más grande del que se tenga historia en el país. Sin embargo, en la práctica, el elevado contingente policial que requiere el operativo, unos 1.200 efectivos, deja serias dudas sobre si este realmente se llevará a cabo. Más aún, con el precedente de que la Corte de Apelaciones decidió ayer aplazar -por falta de contingente policial- el lanzamiento de la toma de Lajarilla, en Viña del Mar, un asentamiento de 450 habitantes, un volumen considerablemente menor al de la megatoma de San Antonio.

En este marco, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, aseguró que el lanzamiento de las 4 mil familias, equivalentes a cerca de 10 mil habitantes del asentamiento, es prácticamente "imposible" de llevar a cabo.

En conversación con CNN Chile, la autoridad regional detalló que, tras una conversación con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, determinaron que para efectuar el desalojo se requieren 1.200 carabineros. "Estuvimos conversando con el ministro Montes, y la verdad es que para poder desalojar ese volumen de población, se requieren 1.200 funcionarios policiales, en una región que tiene sólo 3 mil efectivos policiales".

Inclusive, Mundaca sostuvo que la realización de un desalojo por cuadrantes, tal como lo ha propuesto Carabineros, "del punto de vista práctico, es una tarea titánica y que duraría muchísimos meses".

"Hoy día las condiciones de materialidad para poder desalojar a una población de este volumen, son francamente imposibles", sentenció el gobernador.

Sin embargo, más allá del desbordamiento de las fuerzas policiales de la región, Mundaca sostuvo que efectuar el desalojo de las 4 mil familias generaría una crisis humanitaria en la región. Por ello, se manifestó a favor de encontrar un acuerdo con los propietarios, a través de la conformación de cooperativas que ha propuesto el Ministerio de Vivienda.