La problemática de las tomas de terreno ha ocupado un lugar central en la agenda pública durante el último mes y en especial en Valparaíso, región que presenta la mayor cantidad de campamentos del país (374 según el Ministerio de Vivienda) y que en las últimas semanas hizo noticia por los desalojos de la megatoma de San Antonio -finalmente pospuesto en seis meses, en busca de alcanzar un acuerdo de compra- y de la toma Edén de Lajarilla, de Viña del Mar, materializado el pasado 4 de marzo.

En este marco, un reciente estudio realizado por la consultora inmobiliaria GPS Property entregó cifras inquietantes: desde el año 2019 se han formado 23 tomas de grandes dimensiones en el país, de las cuales 11 -el 47,8%- están alojadas en la Región de Valparaíso, y con un detalle que no se debe pasar por alto: todas están emplazadas sobre terrenos privados, a diferencia de lo que ocurre a nivel país, donde el 44% de las tomas se ubican sobre terrenos del Estado y un 56% en predios particulares.

Según precisa la consultora, los 11 asentamientos ilegales formados a contar del año 2019 en la región son habitados por 36.400 personas y se extienden en una superficie total de 3.250.000 m², es decir, 325 hectáreas.

El análisis, no obstante, también aborda la naturaleza de la conformación de las tomas de terreno, clasificándolos en dos categorías: "espontáneas" y "loteos planificados".

En este ítem, da cuenta el ejercicio de que 7 de las 11 tomas (el 63,6%) presentan loteos planificados, mientras que sólo cuatro se constituyeron de forma espontánea.

Sebastián Ortega, subgerente de consultoría y estudio de GPS, explica que las tomas espontáneas "se caracterizan por un crecimiento desordenado, sin planificación previa ni infraestructura mínima. Las calles son irregulares y los lotes varían en tamaño, sin delimitaciones claras". En el caso de los loteos planificados, estos "presentan un trazado estructurado con calles de ancho definido y lotes homogéneos".

Mercado ilegal

Para Ortega, el hecho de que 7 de las 11 tomas en la región sean loteos planificados "sugiere que no son asentamientos improvisados, sino que hay una estructura organizacional detrás", argumentando que "la presencia de calles perfiladas y lotes delimitados indica una gestión interna, lo que en algunos casos ha estado vinculado a redes informales que asignan o comercializan terrenos ocupados".

Por otro lado, Ignacio Aravena, consultor en política urbana e investigador de la Fundación Piensa, cree que el Estado debe enfrentar de manera más decidida a las agrupaciones delictivas que lucran con terrenos ajenos.

"Si bien es comprensible empatizar con quienes no tienen acceso a la vivienda, también es necesario reconocer que existe un mercado ilegal en torno a los loteos irregulares, donde grupos organizados lucran con la necesidad de las familias más vulnerables", enfatizó el analista.

Precedente "delicado"

Sin embargo, Aravena cree que la señal que dio el Minvu en el caso de la toma de San Antonio, donde el Estado cedió a la presión de los pobladores y forzó a la inmobiliaria -afortunadamente dispuesta- a negociar una compraventa, sienta un "precedente delicado", ya que "se legitima la posibilidad de que un terreno ocupado bajo presión termine siendo regularizado en lugar de desalojado, enviando un mensaje ambiguo a otros campamentos".

"El argumento de no dejar a familias sin techo pesa en la toma de decisiones, pero también alimenta la percepción de que el Estado de derecho es negociable y que las usurpaciones pueden quedar impunes, fomentando actividades al margen de la ley", observó.

36.400 personas viven en las 11 grandes tomas formadas a partir del año 2019 en la Región, según un estudio.