Matías Gatica Lindsay

Desde el Gobierno criticaron ayer los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dirigidos a los alcaldes de zonas rurales sobre la implementación de tecnologías en sitios afectados por la inseguridad.

Ante el debate para mejorar la seguridad en localidades tras el asesinato de un matrimonio de Graneros, Valenzuela dijo a La Tercera: "Dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata a los municipios rurales".

Sus dichos fueron duramente criticados por algunos alcaldes, el sector rural y parlamentarios de oposición, quienes incluso solicitaron su renuncia.

Desde el Gobierno se sumaron a las críticas y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo a radio ADN que "no comparto" los dichos de Valenzuela. "Siempre hay que ser empático cuando uno se refiere a estos temas, porque sabemos de las personas que han sido víctimas de delitos y sobre todo con crímenes tan atroces como el acontecido en Graneros", donde un empresario agrícola y su esposa fueron asesinados.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, coincidió y aseguró que "cuando las personas manifiestan su inquietud, es obligación del Estado y sus funcionarios escucharlos (...) Es obligación de las autoridades públicas tener una empatía con las situaciones y conflictos que enfrentan".

La vocera de Gobierno, Aisén Etchverry, concordó en que "efectivamente, no fue la mejor frase. En estas materias hay que ser muy empáticos con los distintos actores involucrados" y agregó que tales juicios, "no significan que no estemos extremadamente preocupados y ocupados en esta materia, y eso hace parte del trabajo permanente".

Tras estas críticas, el ministro Valenzuela hizo un mea culpa sobre sus dichos. "La expresión no fue la más adecuada (...) Creo que es una frase desafortunada. Sí, en eso pido disculpa", planteó a radio Universo.

Pese a ello dijo que con sus palabras apuntaba a que "tenemos que hacer un esfuerzo todos (...) Es importante que cuando el Estado tiene estrechez fiscal, tenemos que hacer esfuerzo todos, gobiernos regionales. Por cierto, las policías, el presupuesto de seguridad, creció este año".

El Coordinador Eléctrico Nacional entregó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) su Estudio de Análisis de Falla (EAF), en el que reveló la cadena de errores que hubo en el megacorte de luz que afectó al país el 25 de febrero.

El informe señala que las 13:35 de ese día ISA Interchile "comunicó que había un problema en el módulo de comunicaciones de una de las funciones de la protección de la Línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar", asegurando que "no significaba riesgos para la operación de la línea, dado que el sistema de respaldo estaba operando normalmente".

"Sin embargo, a las 15:13 horas, el personal de Interchile reinició el módulo de comunicaciones que tenía problemas e intentó resincronizar la función desactivada sin dar aviso al Coordinador y, según la información disponible, sin tomar las precauciones establecidas en los manuales del fabricante de los equipos involucrados. Lo anterior, ocasionó la desconexión total de la línea".

El informe apuntó que "el que no se informara ni pidiera autorización de la intervención, impidió que el Coordinador Eléctrico tomara medidas operacionales" y que "inmediatamente después de ocurrida la falla, el sistema formó dos islas eléctricas (...) las que no pudieron mantener "su estabilidad y terminaron en un apagón total".

En el informe se detalla también cómo "se aplicó el Plan de Recuperación del Servicio y las dificultades que enfrentó durante su implementación, debido a fallas en el Sistema SCADA y de comunicaciones de Transelec y otras empresas".

El presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, dijo a Canal 13 que "nos informaron que (quien realizó la maniobra) era un experto en telecomunicaciones", sin embargo apuntó que cuando realizaron la inspección técnica, en el informe se concluyó que "quien intervino no tenía la debida experiencia en protecciones. Ese hecho cero gatilla todo este proceso", pues generó "una reacción en cadena".

Según reveló El Mostrador ayer, unos correos entre autoridades del Sernac darían cuenta de una eventual protección a las distribuidoras eléctricas por el apagón, por lo que la Contraloría inició una investigación.

El Sernac dijo que "no ha protegido a empresa alguna, cumpliendo siempre con su mandato legal. Dicha afirmación es grave y no se condice en absoluto con la realidad".

La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, dijo que "descartamos cualquier instrucción a un organismo autónomo. Eso no ocurrió".

La jefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, cuestionó la idoneidad de la decisión adoptada por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para investigar las filtraciones de los chats de la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler.

Musante dijo que Perivancich era una "sepulturera de causas (...) Maneja tiempos de forestales porque se demora miles de años incluso en gestiones".

Perivancich es quien investiga el posible tráfico de influencias en la designación de la exjueza Ángela Vivanco, en que se involucra a a Andrés Chadwick y a Luis Hermosilla. "Y todavía no tenemos a un exministro del Interior formalizado por estos hechos", alegó Musante, querellante en la causa.

Perivancich le respondió ayer que estos dichos "suponen un profundo desconocimiento de la labor que realizamos" y lamentó "el conjunto de afirmaciones imprecisas y directamente erróneas" que expresó la parlamentaria.

El fiscal Ángel Valencia respaldó a Perivancich y sostuvo que "es una fiscal que tiene una muy buena evaluación de la Fiscalía Nacional. Me parecen injustos comentarios como esos".