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El 8 de marzo no es solo una fecha para conmemorar los avances en materia de igualdad de género, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún persisten en la protección y apoyo a las mujeres, especialmente aquellas que han sido víctimas de violencia sexual.

Es por ello, como profesionales del Centro de Apoyo a Víctimas San Antonio, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cifras nos interpelan y nos llama a reflexionar: desde 2024 hasta enero de 2025, el 75% de las personas víctimas de delitos violentos atendidas en nuestro centro son mujeres, y de ellas, un 33% corresponde a víctimas de delitos sexuales. Con ello, la estadística, más allá de representar una cifra y una población específica; nos habla de historias de dolor y resiliencia, donde uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es la victimización secundaria, aquella que ocurre cuando las víctimas, tras denunciar, se encuentran con un sistema que las revictimiza a través de trámites burocráticos, preguntas invasivas, falta de empatía o demoras en los procesos judiciales. Esta realidad no solo dificulta la superación del trauma, sino que también desincentiva la denuncia, perpetuando el ciclo de impunidad y silencio. En este contexto, es fundamental destacar la importancia de la denuncia como herramienta para visibilizar y combatir los delitos sexuales. Denunciar no solo es un acto de valentía, sino también un paso necesario para acceder a la atención integral que las víctimas requieren. Sin embargo, para que esto sea efectivo, debemos seguir trabajando y promoviendo un sistema que priorice la dignidad y los derechos de las víctimas, garantizando un trato respetuoso, ágil y especializado en cada etapa del proceso, y como sociedad, tenemos la responsabilidad de promover una cultura de apoyo y solidaridad hacia las víctimas, desterrando los prejuicios y estigmas que aún persisten. Como institución del Estado, el Centro de Apoyo a Víctimas San Antonio, seguimos comprometidas en brindar un espacio seguro y empático, pero también en abogar por políticas públicas que fortalezcan la prevención, la atención y la reparación de las víctimas de violencia sexual.