David Muñoz Castillo
Lo que era una promesa de bienestar espiritual para los funcionarios de la salud municipal de San Antonio se está transformando en un supuesto delito, ya que se investiga una posible estafa piramidal.
Conocida como el "mandala" entre los trabajadores, los promotores, que serían funcionarios de la APS, convocaban a sus compañeros con un supuesto beneficio, escalando etapas.
"Les ponían ciertos requisitos, tenían que entregar un regalo, ese regalo era la plata. Escribían una carta donde hacían esa donación y les prometían que eso se iba a triplicar en el tiempo, con una ganancia sustancial, porque esa energía le iba a dar abundancia", relató la presidenta de la Asociación Gremial de Funcionarios de la Salud Municipal de San Antonio, Marcela Jaque, quien está recibiendo denuncias de trabajadores afectados.
Cada funcionario que ingresaba debía poner 2 millones de pesos y para ascender debía integrar a ocho más, explicó la dirigenta.
"Los seducían, pero también existía confianza, porque eran personas cercanas, compañeros de trabajo. Se jugó con eso. Hasta anoche (miércoles) me llegaban al Whatsapp comprobantes de depósitos", aportó la dirigenta.
La supuesta estafa piramidal habría comenzado en 2022, pero "los chiquillos no se atrevían a denunciar, porque se sentían mal".
Una socia de la asociación Gremial denunció este mes y pidió que se investigara. En este tiempo la dirigenta recibió unas 15 denuncias de afectados.
Más antecedentes
En la última sesión del concejo municipal, el edil Manuel Meza, aprovechando que estaba el director de la APS en el salón le preguntó sobre la estafa.
José Luis Hernández relató que "la denuncia la recibí en marzo del año pasad, por un grupo de funcionarios que se acercó manifestado que se sentían pasados a llevar, francamente estafados y aportaron una serie de datos y antecedentes".
El odontólogo comentó que "frente a la gravedad de lo que estaba recibiendo, elevé la solicitud a recursos humanos y a la señora alcaldesa, manifestando que esto podría ser un delito, lo que debe demostrar la investigación. No se accedió a la solicitud de este director y la denuncia quedó en nada".
El director agregó que "la semana pasada me llegó un sobre con más información y con esos antecedentes solicité al señor alcalde que se realizara una investigación sumaria para determinar qué ocurrió".
El concejal Manuel Meza, planteó que en este caso, si se comprueba el delito de la estafa, además se transgreden normas de la administración pública, porque "las reuniones eran en horario laboral, en dependencias municipales y los afectados eran funcionarios de escalafones más bajos".
Según Marcela Jaque entre los afectados existen profesionales, técnicos y auxiliares. Incluso algunos involucraron a sus familiares. "Cuando la gente no recibió su retribución empezó a reclamar" contó la dirigenta que espera que el dinero sea retribuido a sus compañeros.
La directora de área jurídica de la Municipalidad de San Antonio, Alejandra Soto, explicó que "aún no tengo acceso a la eventual denuncia. Si en los hechos existe responsabilidad administrativa corresponde que el municipio inicie los procesos sumariales respectivos. Si eventualmente existen hechos que pudiesen constituirse como delito, existe una obligación de denunciar".
Precisó que la investigación "la debe hacer la fiscalía. El municipio no puede determinar si existe un delito. Si es así se deben poner los antecedentes bajo la denuncia respectiva en fiscalía para que ellos sean el organismo pertinente que investigue".
Sobre el caso el alcalde Omar Vera dijo que "se resolvió por parte de la alcaldía en cuanto a iniciar el proceso sumarial respectivo. Lo vemos con nuestra directora jurídica conforme a lo que está indicando lo que está señalando, el envío de los antecedentes a la fiscalía".
2 millones le habrían pedido a los funcionarios para ingresar, según relató una dirigenta
